Presidente Arce abroga Decreto Supremo 5143 de registro de Derechos Reales

Después de una serie de criticas por parte de diferentes sectores, durante la mañana de este martes 14 de mayo, el Gobierno determinó abrogar el Decreto Supremo 5143, que reglamenta la ley sobre Derechos Reales.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Arce Catacora, que sostuvo una reunión con el Pacto de Unidad y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Casa Grande Pueblo, en su discurso, el primer mandatario, denunció una campaña de desinformación y en medio del rechazo de diferentes sectores.

“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos nosotros queremos es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo boliviano”, indicó Arce.

El presidente señaló que existe distorsión en cuanto a la información sobre la propiedad privada, e indicó que el tema, al ser sensible, “está siendo aprovechado con fines políticos y para desestabilizar al país”.

Por su parte, el máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, junto al Pacto de Unidad, habrían hecho la solicitud al Gobierno para su abrogación.

“Lamentablemente todo lo que ha ido aconteciendo en los últimos días, bajo el interés de desinformar y malinformar en contra de estas políticas que se quieren implementar, lamentamos esa actitud, de querer politizar estos temas que van en beneficio del pueblo boliviano”, señaló Juan Carlos Huarachi

Huarachi, indicó que el Decreto, brindaba protección a la propiedad privada, individual y colectiva.

Previamente, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó los alcances del Decreto Supremo, y el objetivo con el que contaba, entre ellos “uniformar los tramites, que no se inventen requisitos en Derechos Reales, y que no se permita la extorsión del trámite”.

“Buscábamos la transparencia, buscábamos que no exista la extorsión y la deformación del servicio a las familias, la seguridad jurídica que debe darse desde esta institución”, aseveró la autoridad.