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La eliminación de la norma que regulaba los estados de excepción fue defendida como una medida que devuelve al Gobierno herramientas constitucionales para responder a la crisis, aunque persisten dudas sobre su aplicación y alcance.
27/05/2026 10:25
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Tras la aprobación en la Cámara de Diputados y su posterior promulgación por el presidente Rodrigo Paz Pereira, la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción abrió un intenso debate sobre las acciones que puede asumir el Ejecutivo frente a los bloqueos y la conflictividad que atraviesa el país.
El diputado Carlos Alarcón explicó que la eliminación de esta norma busca restituir la aplicación directa de la Constitución Política del Estado para responder a situaciones críticas que, según afirmó, vulneran derechos fundamentales de la población.
¿Qué permite la abrogación?
Según el legislador, la Ley 1341 imponía restricciones que dificultaban la ejecución efectiva de un estado de excepción, al impedir medidas como restricciones inmediatas o acciones conjuntas entre fuerzas del orden frente a escenarios de alta conflictividad.
“Sin esta abrogación, cualquier declaratoria de estado de excepción hubiera quedado limitada y sin resultados concretos”, sostuvo.
Alarcón señaló que la Constitución, en sus artículos referidos al régimen de excepción, ya establece controles suficientes para evitar excesos estatales, incluyendo límites temporales, supervisión legislativa y rendición obligatoria de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
En ese marco, aclaró que la eliminación de la ley no implica pérdida de fiscalización por parte del Legislativo, ya que cualquier declaratoria de estado de excepción debe remitirse a la Asamblea en un plazo de 72 horas, además de someterse posteriormente a evaluación y control político.
Edman Lara y su recurso constitucional
Respecto al recurso constitucional presentado por el vicepresidente Edman Lara, el diputado sostuvo que no tendría efectos para frenar la medida debido a que la norma ya fue promulgada y se encuentra vigente.
El legislador rechazó además que la decisión represente una señal de endurecimiento contra la protesta social, argumentando que su finalidad sería garantizar la protección de derechos esenciales como la libre circulación, el acceso a alimentos, combustible, salud y abastecimiento.
La abrogación se produce en medio de una creciente crisis marcada por bloqueos, escasez de combustibles, dificultades logísticas y presión social sobre el Ejecutivo para restablecer la normalidad en el país.
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