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La decisión del Senado de aprobar la abrogación de la Ley 1341 surge en un contexto de bloqueos, crisis de abastecimiento y presión social. La norma regulaba los estados de excepción y establecía límites al Ejecutivo para aplicar medidas extraordinarias. Su eliminación podría modificar el margen de acción del Gobierno frente a conflictos internos.
24/05/2026 17:26
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La aprobación en el Senado del proyecto para abrogar la Ley 1341, conocida como Ley de Estados de Excepción, abrió un nuevo debate político y jurídico en Bolivia. La norma, promulgada en julio de 2020 bajo la presidencia de la Asamblea Legislativa de Eva Copa, regulaba los procedimientos, límites y controles para declarar estados de excepción en el país.
La propuesta surge en un momento de alta conflictividad social, marcado por bloqueos en rutas estratégicas, especialmente en el departamento de La Paz, cortes de vías urbanas y rurales, dificultades en el abastecimiento de alimentos y medicamentos y medidas impulsadas por el Gobierno para intentar restablecer la transitabilidad.
La decisión coincide con una coyuntura en la que el Ejecutivo enfrenta presión para responder a los conflictos que mantienen aislados sectores enteros del país.
Carreteras paralizadas por bloqueos
Durante las últimas semanas, rutas hacia Yungas, Oruro, Copacabana, Viacha, Achacachi y otras regiones registraron puntos de bloqueo. Las movilizaciones generaron problemas en el transporte de productos esenciales y derivaron en denuncias por escasez de pollo, carne, oxígeno medicinal y otros insumos.
Incluso el pasado sábado 23 de mayo se desplegó un operativo denominado “Corredor Humanitario con Banderas Blancas”, en coordinación entre policías, militares y el Gobierno, con el objetivo de habilitar el paso de vehículos y garantizar el traslado de alimentos, medicamentos y atención médica. Sin embargo, pese a varios intentos, las vías no lograron quedar completamente expeditas y persistieron varios puntos de conflicto.
En medio de este escenario, sectores políticos sostienen que la Ley 1341 se convirtió en una barrera para actuar con mayor rapidez frente a situaciones de conmoción interna.
¿Qué establecía la Ley 1341?
La norma regulaba los estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado y fijaba procedimientos específicos para su aplicación.
Entre los principales puntos figuraban:
• El Presidente podía declarar un estado de excepción mediante Decreto Supremo.
• Debía comunicar esa decisión a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 24 horas.
• Si no realizaba esa comunicación, la medida caducaba automáticamente.
• La Asamblea tenía 72 horas para aprobar o rechazar la medida.
• Se requería mayoría absoluta de legisladores para ratificarla.
• La vigencia máxima era de 60 días.
• Una vez concluido, no podía declararse otro inmediatamente sin autorización legislativa.
¿Qué prohibía?
La norma impedía que el estado de excepción suspendiera derechos considerados fundamentales.
Entre ellos:
• Derecho a la vida.
• Integridad física.
• Libertad religiosa.
• Derechos políticos.
• Garantías judiciales.
Infractores no podían enfrentar cargos penales
También limitaba las sanciones para infractores. El artículo 9 establecía que no podían aplicarse penas privativas de libertad por incumplimientos relacionados con medidas del estado de excepción y solo permitía multas económicas.
Ese punto fue duramente cuestionado por legisladores opositores, quienes sostienen que la norma otorgaba excesivas garantías a quienes vulneraban restricciones extraordinarias.
¿Qué pasará si se concreta la abrogación?
La eliminación de la Ley 1341 no significa la desaparición del estado de excepción porque esa figura está prevista directamente en la Constitución. Sin embargo, sí elimina reglas y procedimientos específicos que regulaban su aplicación.
Según sus impulsores, el Ejecutivo tendría:
• Menores restricciones administrativas.
• Mayor capacidad operativa para actuar frente a conflictos.
• Más margen para desplegar policías y militares.
• Menor dependencia de controles legislativos inmediatos.
El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la normativa generó “obstáculos” que dificultaban respuestas rápidas frente a hechos de violencia o conflictos prolongados.
El principal debate: seguridad versus garantías
La discusión gira en torno a dos visiones contrapuestas.
Quienes respaldan la abrogación sostienen que el país enfrenta escenarios extraordinarios y que el Gobierno necesita instrumentos más ágiles para recuperar la transitabilidad y garantizar el orden.
Quienes rechazan la medida advierten que la Ley 1341 fue diseñada precisamente para evitar excesos del poder estatal y limitar intervenciones militares amplias en conflictos sociales.
El debate se instala además en un contexto de tensión política creciente, con sectores movilizados exigiendo medidas al Gobierno y otros reclamando una respuesta más firme para garantizar el libre tránsito.
Ahora el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde continuará el tratamiento legislativo y definirá si Bolivia modifica uno de los principales marcos normativos que regulan situaciones excepcionales en el país.
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