Senado aprueba abrogar ley que limitaba declarar estado de excepción y la remite a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó de manera unánime la abrogación de la Ley Nº 1341, conocida como Ley de Estados de Excepción, que fue promulgada en 2020 y establece normas específicas para declarar estados de emergencia, conmoción interna, desastres naturales y amenazas externas al país. La sesión 118 se realizó este domingo 24 de mayo de 2026 desde Sucre, y permitió dispensar los trámites para la lectura y aprobación del proyecto de ley en grande y detalle, sin modificaciones, con el respaldo de más de dos tercios del pleno.

Qué dice la ley de Estados de Excepción

La Ley Nº 1341 limitaba los estados de excepción en el país, estableciendo que solo el Órgano Ejecutivo podía declarar estas situaciones mediante Decreto Supremo, determinando restricciones a ciertos derechos y garantías cuando existiera una amenaza grave a la seguridad, el orden público o la integridad del Estado. Además, establecía plazos máximos de 60 días, la obligatoriedad de informar al Legislativo y la obligación de respetar principios como la proporcionalidad, temporalidad y no discriminación.

Entre sus capítulos, la norma contemplaba la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía en operaciones de control de disturbios, así como la obligación de rendición de cuentas y comunicación a la comunidad internacional.

Aquí puede leer la Ley 1341

Abrogación

El proyecto aprobado abroga esta ley de manera completa, eliminando las limitaciones previas sobre la declaración de estados de excepción. Según los legisladores, esta abrogación permitirá una actualización normativa y facilitará la implementación de nuevas disposiciones que respeten los derechos constitucionales, manteniendo la seguridad del Estado sin generar vacíos legales que podrían afectar la gobernabilidad y la protección de la ciudadanía.

Remitido a Diputados

Con la aprobación en el Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual sanción definitiva, marcando un paso clave en la reforma de la normativa que regula los estados de excepción en Bolivia y buscando una mayor claridad en la aplicación de estas medidas frente a situaciones extraordinarias que puedan afectar la seguridad y el orden público del país.