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La organización indígena denunció que la actividad minera se extiende por territorios de la Amazonía, pese a una sentencia que ordena paralizar operaciones en las cuencas de los ríos Beni, Tuichi y Madre de Dios. También alertó sobre amenazas contra dirigentes.
06/11/2026 10:52
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La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) se declaró en estado de emergencia ante el avance de la minería ilegal en territorios indígenas y áreas de la Amazonía. Su presidente, Lino Illimuri, denunció que la actividad se extiende a distintos departamentos, pese a las disposiciones judiciales y las normas ambientales, mientras los dirigentes que se oponen a estas operaciones reciben amenazas.
Illimuri recordó que en 2023 la Central de Pueblos Indígenas de La Paz inició una acción popular contra la minería ilegal en las cuencas de los ríos Beni, Tuichi y Madre de Dios. Según explicó, un juez de Rurrenabaque emitió una sentencia que ordena a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) paralizar de inmediato esas actividades y las de sus afluentes.
“Hasta la fecha no se está cumpliendo esa sentencia”, afirmó el dirigente, al advertir que la minería ilegal también se está expandiendo hacia otros departamentos.
Denuncian amenazas contra defensores ambientales
El presidente de la Cidob señaló que en Pando los pueblos indígenas solicitaron el retiro de las balsas mineras instaladas en distintos ríos. Estas acciones, según su denuncia, provocaron represalias contra los dirigentes, principalmente contra Javier Fernández, presidente de la organización regional indígena en ese departamento, quien habría recibido amenazas de muerte en semanas pasadas.
Ante esta situación, Illimuri pidió a la Fiscalía y a la Policía de Pando investigar las amenazas e identificar a los responsables.
“Necesitamos garantías también para nuestros dirigentes y para aquellos defensores quienes están día a día lidiando con esta situación”, manifestó.
Alertan sobre contaminación en otras regiones
La preocupación de la organización también alcanza a la Chiquitanía, Guarayos y Beni. Illimuri mencionó denuncias de contaminación en el río Blanco, en el territorio indígena de Guarayos, además de reportes de comunidades del Beni y del Gran Consejo Chimán, en San Borja.
En el norte de La Paz, identificó como zonas afectadas o amenazadas a las provincias Abel Iturralde, Larecaja y Sud Yungas.
El dirigente advirtió que la contaminación de los ríos no afecta únicamente a las comunidades indígenas, sino también a la población que consume agua y alimentos provenientes de esas cuencas, como el pescado.
“Si hoy estamos disfrutando de explotar recursos minerales de manera ilegal y descontrolada, mañana pasado nos va a pasar una factura muy cara”, sostuvo.
Piden participar en la elaboración de un nuevo Código Minero
Illimuri informó que la organización tiene prevista una mesa técnica en Santa Cruz con representantes de la AJAM para abordar distintos asuntos, entre ellos la elaboración de un nuevo Código Minero.
Cuestionó que la Ley 535, promulgada durante el anterior gobierno, haya sido elaborada sin considerar suficientemente los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, pidió que las comunidades afectadas participen en la construcción de una nueva normativa y que se respete la consulta previa.
“Se tiene que hacer un código minero también que respete las normas ambientales”, señaló.
La Cidob también exige el cumplimiento de la Ley 1333 del Medio Ambiente y de la Constitución Política del Estado, que establecen garantías para un entorno saludable.
Illimuri sostuvo que la protección de la Amazonía debe ir acompañada de alternativas económicas sostenibles, como el turismo y la bioeconomía, sin modificar la vocación productiva de los territorios indígenas.