¿Qué limitaciones tenía la abrogada Ley 1341 de Estados de Excepción?

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan afirmó que la ahora abrogada Ley 1341 de Estados de Excepción contenía varias disposiciones ‘inconstitucionales’ que según su criterio limitaban la capacidad del presidente Rodrigo Paz para actuar ante escenarios de conmoción interna en el país.

La declaración surge luego de que el mandatario promulgara la Ley 1732, normativa que deja sin efecto la Ley 1341 aprobada en julio de 2020.

Santistevan sostuvo que uno de los principales “candados” que imponía la Ley 1341 era obligar al presidente a remitir el decreto de estado de excepción a la Asamblea Legislativa en un plazo de 24 horas, caso contrario, la medida quedaba sin vigencia.

“El artículo 172 de la Constitución establece que el único que puede dictar estado de excepción es el presidente. La Ley 1341, en la práctica, le quitaba esa atribución privativa”, señaló.

El jurista explicó que la Constitución establece un control posterior de la Asamblea Legislativa sobre el estado de excepción, pero no condiciona su ejecución inmediata a una aprobación legislativa previa.

“Esta ley que ya fue abrogada le ponía un candado para que el presidente, aun dictándolo, no pueda ejecutarlo si la Asamblea no lo aprobaba. En un escenario de conmoción interna eso podía impedir la reacción del Estado”, manifestó.

Otro de los puntos cuestionados por el constitucionalista fue la disposición que obligaba al Ejecutivo a remitir información relacionada con protocolos policiales y militares sobre el uso de la fuerza pública y armamento.

“Pretendían que se entregue información reservada vinculada a la seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Eso es totalmente inconstitucional”, sostuvo.

Santistevan también observó que el artículo 20 de la abrogada norma, referido al empleo de la fuerza pública, indicaba que restringía atribuciones constitucionales de las Fuerzas Armadas.

“La Constitución establece funciones privativas de las Fuerzas Armadas, como defender la estabilidad del Estado, el gobierno legalmente constituido y el imperio de la Constitución. Una ley no puede quitarles esas atribuciones”, afirmó.

Asimismo, criticó que esta ley (1341) permitiera que la Asamblea Legislativa pudiera dejar sin efecto un estado de excepción en cualquier momento, pese a que la misma ley establecía una vigencia de hasta 60 días.

“Era una contradicción. Decían que el estado de excepción podía durar 60 días, pero al mismo tiempo la Asamblea podía anularlo cuando quisiera”, indicó.

La abrogación de la Ley 1341 se produce en medio de la crisis social que atraviesa el país, marcada por 27 días de bloqueos, pérdidas económicas y hechos de violencia registrados en distintas regiones de Bolivia.