Desproporcionada fuerza de militares y Policía dejó 10 muertos en Sacaba: GIEI sobre 2019

Las conclusiones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este martes en La Paz arrojó que hubo graves violaciones a los Derechos humanos en los hechos acaecidos en Bolivia en 2019.

Los especialistas evaluaron que se realizaron ejecuciones sumarias, que hubo militares fuertemente armados, y que se propinaron disparos contra los manifestantes, provocando la muerte a 10 personas y al menos 36 heridos en la denominada masacre de Sacaba (Cochabamba).

Sobre dicha protesta el GIEI determinó que cerca de 5.000 pobladores del Chapare participaron de la marcha, y a las 14.00 de ese 15 de noviembre, los movilizados fueron “bloqueados” por la Policía y las Fuerzas Armadas, a la altura del puente Huayllani.

Bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre por Áñez y su gabinete, que los eximía de responsabilidad penal en sus acciones para el “restablecimiento del orden”.

“Quienes encabezaban la marcha y algunas mujeres del Chapare intentaron negociar con el Comandante Departamental de la Policía, que se encontraba presente en lugar, para que los dejara continuar hacia Cochabamba. Días antes, el comandante de Policía había informado que no permitiría el ingreso de los y las manifestantes a la ciudad. Las negociaciones resultaron infructuosas”, dice el documento publicado por el GIEI.

Los analistas evocan en el documento cuando un avión caza sobrevoló la zona y dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos. Eso estuvo a cargo de la Policía, ya que posteriormente los efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se le unieron. Dos helicópteros volaron sobre los manifestantes. “La mayoría de las personas huyeron en dirección contraria al puente y por las calles aledañas. Sin que existiera razón alguna que lo justificara, agentes del Estado dispararon en contra de manifestantes”.

“La investigación verificó que las tropas de las Fuerzas Armadas se encontraban fuertemente armadas. Oficiales y alumnos del Ejército portaban fusiles SIG y FAL, además de armas de dotación individual, mientras que los soldados estaban dotados con pistolas lanza gases, escopetas Mossberg 12 mayor, granadas de gases y escudos. Efectivos de la Fuerza Aérea boliviana portaban fusiles GALIL y granadas de gas”, establece el informe.

Los manifestantes se defendían lanzando piedras, pues la investigación afirma que no estaban armados, después las fuerzas de seguridad avanzaron por la avenida Villazón hacia Sacaba y detuvieron a los campesinos que se resguardaban en casas de vecinos.

“Producto de los disparos, nueve personas resultaron fallecidas y una décima quedó con graves heridas, que provocaron su muerte en junio del año siguiente. Por lo menos otras 98 personas resultaron heridas. El GIEI logró documentar 36 personas heridas con proyectiles de arma de fuego”.

El documento enfatiza que no hubo pruebas del uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o que amenazaran la vida de otros movilizados, de los uniformados de la Policía o de las Fuerzas Armadas, desestimando el argumento del ministro Arturo Murillo, que aseguraba que las balas provinieron de los movilizados. “No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”, sentencia el reporte.

“El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre. Además, el GIEI constató que varios manifestantes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía”.