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Santistevan: La Ley 1740 permite al Presidente ejercer su atribución constitucional

El constitucionalista José Luis Santistevan considera que el Gobierno al igual debe procesar penalmente a los bloqueadores por las vidas perdidas en las rutas y por las pérdidas millonarias de diferentes sectores.

Santistevan destaca la promulgación de la ley 1740. Foto Red Uno

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El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la Ley 1740, recientemente promulgada por el presidente Rodrigo Paz, establece el marco normativo que permite al mandatario ejercer la atribución constitucional de declarar un Estado de Excepción mediante decreto supremo.

Según explicó, la nueva normativa regula los procedimientos y condiciones para la aplicación de esta figura constitucional, contemplada en la Constitución Política del Estado.

“Esta ley establece una condicionante que permite al presidente asumir la atribución constitucional que tiene de decretar, a través de un decreto supremo, el Estado de Excepción”, señaló Santistevan.

El jurista indicó que una de las principales finalidades de esta medida es restablecer el orden legal cuando este se ve afectado por situaciones extraordinarias que comprometen la seguridad y la estabilidad del país.

Control legislativo

Santistevan remarcó que la aplicación de un Estado de Excepción no implica facultades ilimitadas para el Órgano Ejecutivo, debido a que el mecanismo mantiene controles institucionales previstos por la propia Constitución.

“Siempre los estados de excepción recaen, vuelven y terminan en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto no quiere decir que exista una carta blanca; sí tiene todo el imperio de la Constitución y la ley a su servicio para actuar en consecuencia”, afirmó.

Pide procesos contra responsables de bloqueos

El constitucionalista también se refirió a las consecuencias económicas y sociales derivadas de los bloqueos que se registran en el país y consideró que, además de la promulgación de la ley, corresponde investigar y procesar a quienes resulten responsables de hechos que hayan provocado daños a la población.

“No se puede permitir que se pierdan vidas humanas y que nadie responda después a título de reivindicaciones sociales que de reivindicación no tienen nada porque tampoco quieren dialogar”, sostuvo.

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