Santistevan señala que situación del país justificaría debatir un estado de excepción

El analista político y experto en seguridad Jorge Santistevan afirmó que la actual situación de conflictividad y violencia registrada en el país abre el debate sobre la aplicación de un estado de excepción, argumentando que existirían elementos relacionados con una amenaza a la seguridad interna y una situación de conmoción social.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Santistevan sostuvo que la escalada de bloqueos y hechos violentos estaría afectando el normal desarrollo de las actividades en distintas regiones del país.

“¿Estamos en peligro para la seguridad del Estado? Sí. ¿Hay conmoción interna en el país? Sí. Entonces justifica la aplicación del estado de excepción de acuerdo al artículo 137 de la Constitución”, señaló.

El analista aseguró que algunos departamentos se encuentran aislados debido a los bloqueos y calificó a los sectores movilizados como “insurgentes”, al considerar que existirían intereses orientados a desestabilizar al Gobierno.

Asimismo, indicó que las demandas que exigen la salida del mandatario no serían legítimas debido a que un presidente es elegido mediante voto democrático.

“Pedir que el presidente se vaya es anticonstitucional. El presidente fue elegido por voto democrático, por la mayoría del pueblo boliviano”, manifestó.

También expresó preocupación por las consecuencias sociales y económicas derivadas de la situación, señalando que la población enfrenta dificultades en la transitabilidad, el acceso a servicios y el abastecimiento.

Sobre una eventual reacción ciudadana frente a los conflictos, Santistevan advirtió sobre un posible escenario de mayor tensión social.

“Puede ocurrir que los ciudadanos, por su propia cuenta, empiecen a actuar en ausencia del Estado”, indicó, añadiendo que “el Gobierno nacional tiene que imponer la ley antes de que los ciudadanos se enfrenten”.

Sostuvo que el Gobierno debe asumir decisiones oportunas para evitar una mayor escalada del conflicto y que las autoridades deben identificar a quienes considera responsables de los hechos violentos y someterlos a procesos judiciales correspondientes.