Tras acuerdo con movilizados de San Julián, la Gobernación convocará a la Comisión Agraria Departamental

Luego de intensas negociaciones que se extendieron hasta la madrugada del fin de semana, la Gobernación de Santa Cruz y representantes de los sectores movilizados en San Julián alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el bloqueo instalado durante 38 días en esa región del departamento.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, informó que el entendimiento fue posible gracias a una mesa de diálogo en la que participó directamente el gobernador Juan Pablo Velasco, junto a una reducida comisión de autoridades departamentales y representantes de los movilizados.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la convocatoria a la Comisión Agraria Departamental, instancia técnica encargada de analizar aspectos relacionados con la dotación, acreditación y certificación de tierras en el departamento.

“La conformación de esta comisión es una necesidad institucional urgente y una de las demandas más importantes planteadas durante el diálogo”, sostuvo Schrupp.

El vocro explicó que la Comisión Agraria Departamental está contemplada en la normativa agraria y será presidida por el gobernador, con la participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sectores productivos, organizaciones campesinas, pueblos indígenas y representantes vinculados al uso y administración de tierras.

Respecto a las obras comprometidas, la Gobernación señaló que la primera fase de la Brecha Casarabe deberá comenzar en un plazo aproximado de 60 días, con la meta de iniciar trabajos antes de mediados de agosto.

Asimismo, la Policía Boliviana retornó al sector con el objetivo de garantizar el orden y evitar nuevos episodios de tensión. Desde la Gobernación aseguraron que el cumplimiento de los compromisos asumidos será fundamental para mantener la estabilidad y evitar la reactivación de las medidas de presión.

Con el levantamiento del bloqueo, Santa Cruz recupera una importante conexión vial mientras las autoridades y sectores sociales se preparan para avanzar en una agenda de trabajo centrada en infraestructura, servicios básicos y seguridad jurídica sobre la tierra.