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Durante sus primeros doce meses en el poder, el Gobierno de Rodrigo Paz eliminó la subvención al diésel, implementó un nuevo régimen cambiario y enfrentó conflictos e investigaciones vinculadas con el narcotráfico y las instituciones del país.
08/11/2026 13:31
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Este 8 de noviembre, Rodrigo Paz cumple su primer año al frente del Estado Plurinacional de Bolivia, una gestión que estuvo marcada por decisiones económicas, conflictos sociales, y una serie de investigaciones que pusieron bajo cuestionamiento a distintas instituciones del país. Doce meses después de asumir la Presidencia, el Gobierno enfrenta el desafío de mostrar resultados en medio de una situación económica e institucional compleja.
La jornada del 8 de noviembre de 2025 marcó el inicio de una nueva etapa política para Bolivia. Durante el acto de posesión, el entonces vicepresidente Edmand Lara tomó el juramento constitucional al mandatario con las siguientes palabras:
“Jura por Dios los próceres de la liberación, los héroes de la patria, por el pueblo boliviano, desempeñar las altas funciones de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales”, decía Lara.
La respuesta de Paz fue breve: “Dios, familia y patria, sí juro”.
Con ese compromiso comenzó una gestión que, en su primer año, estuvo lejos de ser sencilla. Uno de los principales frentes de preocupación fue la economía. Entre las decisiones más importantes del Ejecutivo estuvieron la eliminación de la subvención al diésel y la implementación de un nuevo régimen cambiario, medidas que marcaron un cambio en la política económica del país.
Sin embargo, los ajustes no significaron el fin de los problemas. La escasez de dólares y las dificultades en el abastecimiento de combustibles continuaron entre las principales preocupaciones de la población, mientras el Gobierno tuvo que enfrentar las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones.
En materia de seguridad, uno de los hechos de mayor repercusión fue la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, en Santa Cruz. Su posterior traslado a Estados Unidos volvió a poner en el centro de la atención la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional.
A este escenario se sumaron investigaciones que provocaron repercusiones políticas e institucionales. Los casos de Fernando Cerimedo y Roger Mariaca generaron cuestionamientos y abrieron nuevos frentes de atención sobre presuntos hechos ilícitos y posibles vínculos con estructuras criminales.
Otro episodio que volvió a sacudir el escenario político y judicial fue el denominado caso de las 32 maletas. El tema recuperó protagonismo luego de declaraciones que involucraron a Mariaca y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. Este último salió de Bolivia y enfrenta una orden de aprehensión, en un caso que mantiene la atención sobre el funcionamiento de las instituciones y el avance de las investigaciones.
A doce meses de aquel juramento, el desafío del mandatario no solo pasa por sostener las medidas asumidas durante su primer año, sino también por responder a las demandas económicas de la población, atender los conflictos sociales y garantizar que las investigaciones pendientes avancen con transparencia y dentro del marco de la justicia.