El alcalde Juan Ramos Alanís confirmó que las organizaciones productivas podrían iniciar un paro si el Gobierno no responde en 48 horas al pedido de abrogación del Decreto Supremo 5676.
26/08/2026 9:32
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El alcalde de Yapacaní, Juan Ramos Alanís, advirtió que las organizaciones productivas del municipio podrían asumir medidas de presión, incluido un paro, si el Gobierno no cumple en las próximas 48 horas con el compromiso de revisar y dejar sin efecto el Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado para la venta de diésel.
Ramos explicó que Yapacaní permanece en estado de emergencia debido a la falta de combustible y las dificultades que atraviesan los productores para acceder al diésel. Señaló que tanto grandes como medianos y pequeños productores exigen la abrogación de la norma y un mayor abastecimiento.
“Hay una infinidad de colas en Yapacaní. Por tanto, creo que esta ley no va a funcionar. Se ha demostrado que no da”, afirmó el alcalde.
Según Ramos, una comisión encabezada por el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, y representantes de YPFB se comprometió a elevar un informe al gabinete de ministros señalando que la aplicación del decreto no sería factible.
El alcalde cuestionó además que los productores solo puedan adquirir hasta 120 litros de diésel en bidones. Explicó que anteriormente el municipio llegaba a requerir cerca de 300.000 litros por semana, volumen que actualmente tampoco logra ser abastecido de manera suficiente.
“Ahorita nosotros pedimos que haya surtidores móviles en los sectores netamente productivos, por lo menos mínimamente en dos sectores”, manifestó.
Sobre la posibilidad de un paro, el alcalde confirmó que esa es una de las medidas planteadas por las organizaciones si no existe una respuesta favorable dentro del plazo establecido. Sin embargo, aclaró que desde el municipio buscan mantener el diálogo con el Gobierno y evitar que el conflicto escale.
“Ahí no hay excepción cuando hay hambre, cuando hay necesidad, no hay ley que lo pare”, advirtió Ramos.
El alcalde aseguró que el rechazo al decreto no se limita a Yapacaní y mencionó que otros municipios productores de Santa Cruz y sectores empresariales también se pronunciaron en contra.
Asimismo, señaló que existe preocupación por el desvío de diésel hacia actividades de minería ilegal y cuestionó los mecanismos de control aplicados anteriormente para regular la distribución del combustible.
Finalmente, Ramos informó que Yapacaní mantiene en pie su propuesta de impulsar una refinería propia que permita procesar crudo importado. Explicó que para concretar este proyecto se requieren autorizaciones, inversiones y maquinaria moderna capaz de procesar petróleo de distintos países.
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