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El exministro de Hidrocarburos sostiene que el Decreto Supremo 5755 evitará el colapso industrial, pero insiste en que la solución estructural pasa por una nueva Ley de Hidrocarburos acordada con los inversionistas.
27/10/2026 23:22
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Tras la promulgación del Decreto Supremo 5755, que autoriza de manera excepcional la importación de Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL) a privados y empresas públicas para consumo propio o generación eléctrica, el análisis del sector energético toma urgencia. El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos calificó la medida como un paso "oportuno, aunque tardío", orientado a mitigar el desabastecimiento que enfrentará Bolivia en los próximos años debido a la continua caída de la producción y las reservas nacionales.
Ríos explicó que el país atraviesa un giro histórico producto de años de declive energético. Mientras en 2013 las ventas de gas a Brasil y Argentina reportaron ingresos por $us 6.113 millones sustentando la estabilidad económica, la proyección actual ubica el punto de quiebre en 2029. En ese año, la curva de oferta nacional se cruzará con la demanda interna, marcando el fin definitivo de las exportaciones y obligando a Bolivia a importar gas de sus vecinos para sostener su matriz productiva.
Prever el desabastecimiento y proteger la industria
De acuerdo con el analista, el Decreto Supremo 5755 permite a las empresas adelantarse al escenario de escasez antes de que se registren racionamientos forzados. A diferencia de los combustibles líquidos, el gas natural no es un commodity de compra inmediata (spot), sino que exige contratos de abastecimiento y reserva de transporte a largo plazo.
En el horizonte actual, Argentina se perfila como el único proveedor viable mediante la producción de Vaca Muerta y la expansión del gasoducto TGN hacia el norte de ese país. Para Ríos, los sectores de mayor consumo —como las industrias cementeras, cerámicas, ladrilleras y las generadoras termoeléctricas de ENDE— deben gestionar desde ahora acuerdos entre 2029 y 2032. Sin este suministro, advierte, el aparato productivo arriesga parálisis, pérdida de empleo e incluso el recurso a alternativas más contaminantes como el carbón.
"Los precios van a ser diferentes, pero es mejor tener energía cara que no disponer de ella totalmente", remarcó Ríos, señalando que este mecanismo servirá de puente para evitar apagones o cierres industriales.
La Ley de Hidrocarburos: una reforma urgente e ineludible
A pesar de respaldar el decreto, el exministro enfatizó que la importación es solo una respuesta temporal. La solución definitiva para recuperar la producción de condensado, petróleo y gas requiere una nueva Ley de Hidrocarburos que garantice seguridad jurídica y atraiga inversión privada.
Ríos advirtió sobre la urgencia de concertar esta legislación directamente con las compañías con capacidad de capital que operan en Bolivia, evitando trabas burocráticas o modificaciones legislativas que ahuyenten a los inversionistas. Según sus estimaciones, incluso si una ley idónea se aprobara este año, los procesos de reglamentación, evaluación de directorios y exploración tardarían entre tres y cinco años en generar las primeras moléculas de gas, proyectando resultados hacia 2032 o 2033.
El diagnóstico de Ríos concluye con una advertencia sobre la sostenibilidad fiscal del país: si la reforma legal fracasa o no logra atraer capitales, Bolivia podría estar importando cerca de $us 6.500 millones anuales en 2035 para cubrir la totalidad de su demanda energética (diésel, gasolina, GLP, jet fuel y gas natural).
En ese escenario, el Decreto Supremo 5755 actúa como un paliativo necesario para dar margen de maniobra al sector privado y a la administración pública, mientras el país define si logra reestructurar su política hidrocarburífera o consolidar su transición a comprador neto de energía.