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El oro mueve miles de millones, pero también alimenta una red criminal que amenaza al país. Un informe de la Fundación Milenio advierte que la explotación ilegal de oro ya no es un riesgo emergente, sino una amenaza real para la seguridad nacional.
23/07/2026 11:01
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La explotación ilegal de oro en Bolivia dejó de ser considerada un “riesgo emergente” y se convirtió en una amenaza real y de alta peligrosidad para la seguridad nacional, debido a su crecimiento económico, su carácter transnacional y sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos.
Así lo advierte la Fundación Milenio en su informe “Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional”, que estima que la minería aurífera informal e ilegal mueve alrededor de 4.000 millones de dólares al año.
El oro concentra la mayor parte de la minería informal
Según el informe publicado en mayo de 2026, aproximadamente el 80% de la actividad minera informal del país está relacionada con la explotación de oro. Entre 500.000 y un millón de personas participan directa o indirectamente en actividades vinculadas con la extracción de minerales.
Aunque la explotación se extiende por distintas regiones del país, los principales focos se encuentran en la Amazonía, especialmente en el norte de La Paz, Beni y Pando.
Cooperativas y actores extranjeros
El documento identifica a las cooperativas mineras como uno de los principales actores de esta actividad. En algunos casos, emplean métodos extractivos altamente destructivos para los ríos y ecosistemas, e incluso se han registrado conflictos con empresas mineras legalmente establecidas.
La bonanza del oro también atrajo a ciudadanos extranjeros, principalmente de China, Brasil, Colombia y Perú, quienes, según el informe, establecen vínculos con cooperativas y actores locales.
El estudio destaca particularmente el creciente flujo de ciudadanos chinos vinculados al negocio aurífero y advierte sobre la presencia de capitales extranjeros que aprovechan las debilidades institucionales para obtener beneficios económicos.
Vínculos con narcotráfico y lavado de activos
Uno de los principales riesgos identificados es la conexión entre la explotación ilegal de oro y el narcotráfico. El informe señala que recursos provenientes de actividades ilícitas pueden ser utilizados para financiar operaciones mineras y posteriormente ser blanqueados mediante la comercialización del oro.
La actividad también estaría relacionada con el contrabando, la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas. Además, se reporta un incremento de la trata y tráfico de personas en campamentos y poblaciones mineras de la región amazónica.
El informe advierte que las zonas auríferas se han convertido en escenarios de disputas entre traficantes, cooperativas y comunidades por el control de los yacimientos.
Estos conflictos pueden derivar en enfrentamientos violentos y dificultar el ingreso de las fuerzas policiales y militares a determinadas zonas, lo que representa un riesgo para la soberanía y la integridad territorial del país.
Un desafío para el Estado
La Fundación Milenio sostiene que el crecimiento de la economía ilegal del oro, impulsado por los altos precios internacionales, puede superar la capacidad de control del Estado si no se aplican medidas integrales.
Entre los principales desafíos plantea fortalecer la fiscalización de la actividad minera, controlar los flujos financieros ilícitos, combatir la corrupción, mejorar la cooperación internacional y reforzar las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado.
El informe concluye que, sin una respuesta coordinada, la explotación ilegal de oro continuará consolidándose como una economía criminal paralela con capacidad para debilitar las instituciones, alimentar otros delitos y afectar la seguridad y soberanía de Bolivia.
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