La iniciativa busca capacitar a la población para reportar incendios, minería ilegal y tráfico de fauna mediante un formulario anónimo.
29/07/2026 21:41
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La Fundación Alas Chiquitanas presentó este miércoles, en Santa Cruz, un manual enfocado en la prevención y denuncia de delitos contra los bosques en Bolivia, con el propósito de articular acciones junto a diversas instituciones.
Durante la jornada de capacitación, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera remarcó la importancia del taller y remarcó que “queremos tratar de que la sociedad pueda empoderarse respecto a cómo defenderse de los incendios forestales, de la minería ilegal, del tráfico de animales silvestres”.
Mecanismos para una denuncia segura y gratuita
El documento expone los pasos requeridos para sentar un recurso formal, precisando los elementos probatorios necesarios y los canales institucionales a los cuales se debe acudir.
Herrera detalló la creación de un formulario anónimo y el lanzamiento de consultorios legales ambientales, destacando que “es una plataforma justamente de respuesta ciudadana de manera gratuita para que la gente pueda consultar, pueda reportar este tipo de hechos y esta plataforma pues activar los mecanismos de defensa legal”.
Esta iniciativa busca que la población asuma un rol activo y tome conciencia del impacto directo que provocan los ilícitos contra el patrimonio natural del país. Al respecto, el especialista enfatizó que el objetivo central es alcanzar la justicia, impulsando a la gente a reconocer que “los delitos ambientales son temas, son hechos que le afectan a la ciudadanía”.
Exigencia de rigor penal a las autoridades
La propuesta hace un llamado a los administradores de justicia para que apliquen las sanciones previstas en el marco legal vigente ante la gravedad de estas infracciones.
“Necesitamos que fiscales, necesitamos que jueces entiendan que estos temas son de relevancia social y por tanto tienen que cumplir la norma”, sentenció Herrera, instando a las autoridades a enviar a los responsables a prisión por los cinco a ocho años que dictamina la ley.
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