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Alcaldes dan plazo al Gobierno hasta el viernes para aprobar decreto que garantice obras

Fátima Tardío, vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), presentó las conclusiones del encuentro y exigió avances en la Agenda 50/50, la coparticipación tributaria y la actualización de precios.

Foto: reunión de alcaldes de capitales APG
Bolivia

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Los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto concluyeron este lunes 9 de noviembre su reunión de emergencia con una serie de demandas al Gobierno nacional, entre ellas la aprobación de un decreto supremo de actualización de precios que permita garantizar la continuidad de las obras públicas.

La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Fátima Tardío, presentó las conclusiones del encuentro y anunció que los gobiernos municipales esperan que el Ejecutivo emita la normativa hasta el viernes 13 de noviembre, conforme a compromisos asumidos anteriormente.

“Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios”, manifestó.

Exigen avances concretos en la Agenda 50/50

En su condición de vicepresidenta de la AMB, Tardío explicó que los municipios acordaron exigir una participación directa en el debate sobre la redistribución de los recursos económicos del Estado, dentro de la denominada Agenda 50/50.

La autoridad consideró necesario impulsar una distribución más justa y equitativa de los ingresos, además de reconstruir el pacto fiscal para fortalecer la autonomía financiera municipal.

“Vamos a exigir que nosotros, al igual que otros actores, seamos parte del debate en un altísimo nivel democrático y de participación en el diálogo”, expresó.

Como parte de las conclusiones, los alcaldes establecieron una hoja de ruta técnica que contempla siete componentes: definición de la masa coparticipable, normativa del 50/50, cronograma de convergencia fiscal, reducción de cargas financieras, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.

Piden devolución del 12% del IDH

Otro de los acuerdos alcanzados fue exigir la restitución de los recursos correspondientes al 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Tardío explicó que los municipios solicitan la devolución de los montos retenidos durante 2025 y la suspensión de esas retenciones para la gestión 2027.

“Estamos exigiendo la devolución de los recursos retenidos en el 2025 y la suspensión de la retención para el 2027”, afirmó.

La vicepresidenta de la AMB sostuvo que este planteamiento constituye uno de los principales puntos de coincidencia entre los gobiernos municipales.

Buscan que el Gobierno asuma mayores responsabilidades

Los alcaldes también acordaron promover modificaciones legales para que el nivel central del Estado asuma determinados gastos que actualmente recaen sobre los municipios.

Entre las propuestas figura una modificación a la Ley 977 para que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago del bono para personas con discapacidad.

Asimismo, plantearon revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario técnico y jurídico de las obligaciones financieras que corresponden al Gobierno central.

“Que los municipios ya no asuman algunas cargas que le competen estrictamente al nivel central”, explicó Tardío.

Decreto de actualización de precios es la demanda inmediata

La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB remarcó que la aprobación del decreto de actualización de precios constituye una de las necesidades más urgentes para las municipalidades.

Explicó que los incrementos en los costos de construcción y operación dificultan la ejecución de proyectos y la prestación de servicios públicos.

“Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad, su conclusión y algunas salvedades necesarias para el funcionamiento de todos nuestros municipios”, señaló.

Además, los alcaldes plantearon revisar mecanismos que permitan fortalecer las recaudaciones propias, entre ellos el retorno de la inspección técnica vehicular al ámbito municipal.


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