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La construcción permanece paralizada desde diciembre de 2025 y apenas registra un avance físico del 33%. Mientras los padres denuncian que más de 200 estudiantes con discapacidad pasan clases en ambientes hacinados e improvisados.
30/10/2026 11:02
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La Alcaldía de Colcapirhua aclaró que no tiene atribuciones para intervenir directamente en la construcción de nuevas aulas del centro de educación especial Genoveva Ríos, debido a que el proyecto es financiado, ejecutado y supervisado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). Las obras están paralizadas desde el 15 de diciembre de 2025 y los padres de familia exigen su reactivación.
El secretario general de la Alcaldía, Rodrigo Jiménez, indicó que comparte la preocupación y el enojo de los padres de familia, debido a las condiciones en las que estudian los más de 200 alumnos con discapacidad que asisten al establecimiento.
“Compartimos el enojo de los padres de familia y la población porque entendemos que la educación es primero. Desde el 15 de diciembre de 2025 la empresa ha hecho una paralización de las obras y hasta ahora no se tiene nuevamente la orden de proceder”, afirmó.
Jiménez explicó que la construcción corresponde a un convenio intergubernativo financiado por la UPRE, instancia que tiene a su cargo la ejecución y supervisión del proyecto. En ese marco, indicó que el Municipio cumple funciones de seguimiento y vigilancia, pero no puede intervenir directamente en las decisiones relacionadas con la obra.
Asimismo, señaló que la Alcaldía envió alrededor de siete reiteraciones para solicitar una reunión y gestionar la continuidad de los trabajos y explicó, también se realizaron cuatro encuentros con representantes de la UPRE y los padres de familia.
El secretario general indicó que la empresa constructora condicionó la reanudación de las obras al pago de los montos adeudados. A esta situación se suma la necesidad de actualizar los precios debido al incremento de los costos del diésel y los materiales de construcción.
Proponen ajustar el proyecto para garantizar su conclusión
Jiménez explicó que, ante las dificultades presupuestarias, se planteó realizar un reajuste para que los recursos disponibles permitan continuar con la construcción. Entre las alternativas sugeridas por el Municipio está reducir el alcance del proyecto.
El funcionario también aclaró que los recursos de este tipo de convenios deben registrarse en el Sistema de Gestión Pública (Sigep) y que el financiamiento debe incorporarse al Plan Operativo Anual (POA) para realizar los desembolsos correspondientes.
Como antecedente, destacó que el municipio concluyó 11 proyectos de infraestructura educativa: ocho financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y tres ejecutados con recursos propios.
El pronunciamiento se realiza luego de que padres de familia denunciaron que los estudiantes pasan clases en condiciones de hacinamiento.