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El abogado concluyó que corresponde esclarecer los hechos y establecer responsabilidades conforme a la ley.
29/10/2026 15:23
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El abogado Martín Camacho cuestionó la actuación del juez Primo Felipe Flores Rodríguez y pidió investigar las decisiones judiciales que, según denunció, habrían permitido que personas señaladas por delitos graves recuperaran su libertad.
También reclamó sanciones contra las autoridades que se apartaron de los procedimientos legales y sostuvo que durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) existió protección hacia determinados operadores de justicia.
Camacho consideró necesario esclarecer bajo qué circunstancias se dispuso la liberación de personas que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, formarían parte de una presunta organización criminal dedicada al sicariato.
“Creo que es acertado que se pueda investigar bajo qué circunstancias se ha liberado a estas personas que además forman parte, como indica la tesis del Ministerio Público, de una organización criminal dedicada al sicariato. No estamos hablando, en todo caso, de la comisión de hechos delictivos de escasa relevancia”, manifestó el abogado.
El jurista también cuestionó lo que describió como un respaldo permanente hacia determinadas autoridades judiciales y fiscales. A su juicio, ese supuesto padrinazgo habría permitido que algunos funcionarios actuaran sin afrontar consecuencias por sus decisiones.
“Ha existido un respaldo siempre, un padrinazgo, no solamente para esta autoridad jurisdiccional, para muchas autoridades del Ministerio Público y otras autoridades jurisdiccionales”, afirmó.
En sus declaraciones, Camacho relacionó estos cuestionamientos con los procesos que enfrentaron dirigentes y representantes de sectores opositores durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce. Entre las personas que mencionó están integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala, el médico Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho.
Según el abogado, mientras algunos líderes cruceños y opositores eran objeto de procesos y persecuciones judiciales, otras autoridades habrían contado con protección que les permitía evitar consecuencias por actuaciones cuestionadas.
Camacho insistió en que las investigaciones no deben limitarse a una sola autoridad, sino alcanzar a todos los operadores de justicia que presuntamente incumplieron los procedimientos establecidos o tomaron decisiones que perjudicaron a la población.
“Necesitamos sancionar, no solamente a esta autoridad, a todas las autoridades jurisdiccionales que se han apartado del procedimiento, pero además han dejado de sobra a toda la población”, sostuvo.
El abogado concluyó que corresponde esclarecer los hechos y establecer responsabilidades conforme a la ley. Sus declaraciones plantean la necesidad de investigar tanto las decisiones que derivaron en la liberación de los investigados como las presuntas irregularidades atribuidas a las autoridades judiciales involucradas.