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El comité reúne a instituciones y organizaciones sociales de Cochabamba y reclama el cese de la minería ilegal en la cuenca de Misicuni, además de medidas de control y vigilancia sobre la calidad del agua.
12/11/2026 20:03
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Ante la posible amenaza de contaminación en las fuentes de agua que abastecen a la región metropolitana, autoridades municipales, cívicas, académicas, profesionales y organizaciones sociales de Cochabamba llevaron a cabo una reunión de emergencia este jueves. Como resultado del encuentro, se constituyó formalmente el Comité Interinstitucional de Defensa del Agua y contra la Minería Ilegal, con el firme propósito de salvaguardar la cuenca de Misicuni y el Parque Nacional Tunari.
La alerta se encendió tras confirmarse la existencia de actividades de explotación minera ilegal en la cuenca que alimenta la represa —específicamente en zonas como el río Serkheta—, lo que pone en alto riesgo la salud pública y el suministro hídrico.
Durante el pronunciamiento, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, enfatizó la unidad regional frente a esta problemática: "Hoy, organizaciones sociales, cívicas, académicas, profesionales e instituciones conformamos el Comité Departamental de Defensa del Agua y de la Represa Misicuni contra la Minería Ilegal. Gracias a cada una por responder. Cuando se trata del agua, en Cochabamba no hay colores políticos". Asimismo, la autoridad remarcó que Misicuni es una obra construida con el esfuerzo de varias generaciones y que no se permitirá ponerla en riesgo.
Las 7 resoluciones del Comité de Defensa
Tras un exhaustivo análisis de la situación, el comité emitió un mandato de siete puntos resolutivos:
Conformación permanente: Establecer el Comité Departamental de Defensa del Agua y de la Represa Misicuni, el cual sesionará de manera permanente a convocatoria del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba hasta garantizar una cuenca libre de minería y salvaguardar el recurso hídrico.
Paralización inmediata: Exigir el cese total e inmediato de cualquier actividad minera ilegal en la cuenca de Misicuni y el interior del Parque Nacional Tunari, adoptando mecanismos para evitar su reaparición.
Acciones jurídicas y transparencia: Demandar el inicio de procesos legales contra los responsables —por acción, inacción u omisión— ante la falta de vigilancia, además de exigir la publicación inmediata de concesiones, licencias ambientales, informes de inspección y denuncias recibidas.
Cumplimiento de funciones institucionales: Requerir a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Gobernación de Cochabamba que ejerzan de inmediato sus atribuciones bajo la Ley N.° 535 de Minería y Metalurgia y la Ley N.° 1333 de Medio Ambiente, informando públicamente a la ciudadanía sobre los actos ejecutados.
Agua vigilada: Disponer el reforzamiento del control y monitoreo permanente de la calidad del agua (tanto en la represa como en la red de distribución) de manera quincenal. Este control estará a cargo de laboratorios certificados e independientes, con la participación activa de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Colegio Médico, publicando todos los resultados.
Presencia del Estado: Exigir al Gobierno Nacional, a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas garantizar el libre tránsito y la presencia estatal en la zona andina del departamento —respetando los derechos de las comunidades— para erradicar las "zonas sin autoridad" generadas por el bloqueo e instalación de trancas que impiden el ingreso de fiscalizadores.
Vigilancia ciudadana: Declarar a las organizaciones firmantes en estado de alerta y vigilia permanente, comprometiéndose a fiscalizar la toma de muestras, dar seguimiento a las acciones legales y mantener informada a la población con veracidad.
El comité ratificó que las medidas se mantendrán firmes hasta erradicar por completo la minería ilegal en la región y garantizar la total seguridad del agua para todos los cochabambinos.