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Minería en Misicuni: AJAM identifica movimientos desde 2020 y acudirá a la Fiscalía

La AJAM confirmó la existencia de actividad minera ilegal en sectores de la cuenca de Misicuni, en Cochabamba, y prepara un informe técnico y legal para presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Imágenes satelitales revelan actividad minera en cuenca de Misicuni desde 2020. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

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La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó la existencia de actividad minera ilegal en sectores de Cochabamba, tras realizar inspecciones de oficio y verificaciones en el área denunciada por posibles daños ambientales en la cuenca de Misicuni.

El director departamental de la AJAM, Daniel Gonzales, informó que la institución ya identificó actividades de explotación minera en el lugar y que prepara un informe técnico y legal para presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

"Hemos identificado que existe actividad minera en la primera vez que fuimos; la segunda vez hemos verificado que existe minería ilegal en el lugar", indicó.

Explicó que las inspecciones no se realizaron recientemente, sino que fueron parte de un proceso previo de investigación para determinar la existencia de operaciones irregulares.

"Se ha hecho una inspección in situ, se está en puertas de realizar la denuncia al Ministerio Público, siendo que previo a ello se hace un informe técnico y legal para que la autoridad competente se encargue de realizar las investigaciones correspondientes", señaló.

AJAM identifica 33 puntos de minería ilegal

Gonzales informó que, en Cochabamba, la institución identificó 33 puntos de minería ilegal, algunos a partir de denuncias y otros mediante inspecciones realizadas de oficio.

Asimismo, indicó que durante sus dos meses de gestión se efectuaron ocho operativos y que se presentaron ocho denuncias ante la Fiscalía, cuyos casos continúan en seguimiento.

El director departamental también explicó que la AJAM enfrenta dificultades para ingresar a determinados sectores debido a la organización de los comunarios y la instalación de trancas.

"Nos hemos sentido impedidos por trancas que existen en el lugar, no pudimos ingresar", agregó.

Gonzales dijo que cuando los equipos de la institución se trasladan a estos sectores, los operadores mineros ya estarían alertados de su llegada, lo que dificulta las inspecciones y las tareas de identificación de quienes realizan la explotación.

Denuncian falta de recursos y dificultades 

La autoridad reconoció que la oficina departamental trabaja con personal y recursos limitados. Indicó que son tres personas las encargadas de realizar las inspecciones y que incluso anteriormente no contaban con un chofer.

También señaló que los desplazamientos a zonas alejadas son complicados y que los equipos deben afrontar dificultades durante las inspecciones, incluso para levantar escombros.

Respecto a las autorizaciones mineras, Gonzales aclaró que en los lugares donde se identificó actividad ilegal no existen autorizaciones de la AJAM. Sin embargo, mencionó que hay una empresa con derecho preconstituido que se encuentra en trámite de regularización de su contrato minero.

Por su parte, el profesional geodesta de la AJAM, Marco Antonio Condori, explicó que las imágenes satelitales evidencian movimiento de suelos y acumulación de residuos en el sector desde el 2020.

Comentó que, mediante el análisis de imágenes, se identificaron excavaciones desde 2019 y trabajos en el río a partir de 2023. También explicó que se realizaron verificaciones con drones y se observaron áreas removidas dentro de sectores protegidos.

El profesional precisó que los informes técnicos de la AJAM contemplan aspectos como la ubicación de las actividades, su proximidad a ríos, poblaciones y cabeceras de cuenca, además de determinar si se encuentran en áreas protegidas.

Explicó que la Ley 535 de Minería establece parámetros para elaborar los informes técnicos, mientras que la instancia correspondiente debe evaluar los aspectos relacionados con las autorizaciones.

La investigación de la AJAM se desarrolla en medio de la preocupación por una denuncia de minería ilegal y posible contaminación con mercurio en la cuenca de Misicuni.

La asambleísta departamental Claudia Martínez denunció la presencia de actividades mineras a cielo abierto en el sector del río Serqueta, uno de los afluentes de la represa, y advirtió sobre posibles efectos en los sedimentos y las fuentes de agua.


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