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COED dispone intervención penal contra toda quema no autorizada y aprueba 10 medidas para prevenir incendios forestales

Las resoluciones fueron adoptadas durante la primera reunión ampliada del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), realizada en el marco de la Alerta Amarilla vigente en el departamento y presidida por el gobernador Juan Pablo Velasco.

Santa Cruz activa plan contra incendios y penalizará quemas ilegales. FOTO: Gobernación de Santa Cruz.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Gobernación de Santa Cruz aprobó este lunes un paquete de diez medidas destinadas a fortalecer la prevención, coordinación y respuesta frente a los incendios forestales, entre las que destaca la determinación de intervenir penalmente toda quema que no cuente con autorización, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

Las resoluciones fueron adoptadas durante la primera reunión ampliada del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), realizada en el marco de la Alerta Amarilla vigente en el departamento y presidida por el gobernador Juan Pablo Velasco.

La autoridad explicó que el objetivo es cambiar la forma de enfrentar las emergencias, priorizando la prevención antes que la reacción.

“Vamos a trabajar de manera proactiva y no reactiva. Estas reuniones antes se realizaban cuando ya se habían quemado millones de hectáreas, habían muerto cientos de miles de animales y miles de familias eran desplazadas. Hoy queremos anticiparnos”, afirmó Velasco.

Entre las principales determinaciones figura el fortalecimiento de la coordinación entre todas las instituciones vinculadas a la atención de emergencias, incluyendo la Gobernación, municipios, Asamblea Legislativa Departamental, Gobierno nacional, Fuerzas Armadas, Policía, bomberos y entidades ambientales.

Asimismo, el COED determinó aplicar el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) como mecanismo oficial para dirigir las operaciones y mantener reuniones periódicas de evaluación durante toda la temporada de incendios.

Otra de las medidas contempla la conformación de un mecanismo permanente de coordinación entre la ABT, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas para ejecutar patrullajes preventivos y operativos conjuntos en las zonas consideradas de mayor riesgo.

En ese contexto, las autoridades recordaron que, debido a la suspensión temporal de autorizaciones para quemas establecida por la ABT, cualquier quema realizada sin permiso será intervenida conforme a la normativa vigente y podrá derivar en procesos penales cuando existan indicios de delito.

Además, se acordó crear brigadas de investigación integradas por la ABT, la Fiscalía y la Policía para identificar el origen de los incendios, establecer responsabilidades y promover sanciones tanto administrativas como penales.

En materia operativa, todas las instituciones que integran el COED deberán presentar un inventario actualizado de personal, maquinaria, equipos y recursos logísticos disponibles para enfrentar posibles emergencias.

Respecto a los bomberos forestales voluntarios, la Gobernación informó que las convocatorias oficiales serán realizadas únicamente por la administración departamental, de acuerdo con las necesidades establecidas dentro del Sistema de Comando de Incidentes. También aclaró que no asumirá responsabilidades por movilizaciones efectuadas sin autorización oficial.

Velasco señaló que la estrategia también contempla sobrevuelos de monitoreo y el uso de tecnología para detectar focos de calor y realizar seguimiento en tiempo real a través de una plataforma habilitada por la Gobernación.

“Sabemos que se vienen momentos difíciles por las sequías, las quemas y otros efectos del cambio climático. Queremos minimizar el impacto sobre las familias, la biodiversidad y los ecosistemas del departamento”, sostuvo.

Actualmente, Santa Cruz permanece en Alerta Amarilla por riesgo de incendios forestales. Según el reporte oficial, existen dos incendios activos y más de 21.000 hectáreas afectadas, situación que mantiene en estado de vigilancia permanente a las instituciones que conforman el sistema departamental de respuesta.

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