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Exdirector de Migración acusa a la hija de Achacollo de entregar documentos bolivianos a Marset

Marcel Rivas denunció presuntas irregularidades en la emisión de documentos de identidad y permanencia migratoria que habrían permitido al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ingresar y salir de Bolivia en reiteradas ocasiones.

Exdirector de Migración acusa a la hija de Achacollo de entregar documentos bolivianos a Marset. Foto Red Uno.
La Paz, Bolivia

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El exdirector general de Migración, Marcel Rivas, afirmó que Rebeca Barbosa Achacollo, hija de la exministra Nemesia Achacollo, habría entregado documentación boliviana a Sebastián Marset utilizando una identidad falsa. Según su versión, el ciudadano uruguayo habría contado con pasaporte, cédula de identidad y registros migratorios vinculados tanto a su nombre real como a un alias.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Rivas sostuvo que Marset habría ingresado y salido del país en reiteradas ocasiones, pese a las alertas internacionales que pesaban sobre él, y cuestionó cómo habría conseguido documentos bolivianos y obtenido autorizaciones migratorias.

"La hija le entregó la documentación a Marset con un nombre falso. Marset tenía pasaporte boliviano, entraba y salía del país como si nada, obviamente con documentación boliviana, y también tenía permanencia con su nombre y con su alias", afirmó Rivas, quien señaló que esa información habría sido identificada mediante intercambios de inteligencia.

Rivas aseguró haber presentado una denuncia formal para que se investigue a exautoridades del Estado y del Ministerio Público, entre ellas los exministros de Gobierno Carlos Romero y Eduardo del Castillo, además del exfiscal general Juan Lanchipa.

Según el exdirector de Migración, durante las gestiones de Romero y Del Castillo habría operado una presunta red de funcionarios que facilitaba la permanencia irregular de extranjeros, la obtención de documentos con identidades falsas y la circulación de personas vinculadas al crimen organizado transnacional.

El exfuncionario señaló que las irregularidades comenzaron a documentarse en 2020, cuando —según su declaración— se identificaron más de 260 casos de ciudadanos extranjeros que habrían recibido beneficios migratorios de manera irregular.

En ese contexto, apuntó a Katherine Calderón, quien habría ocupado cargos de responsabilidad en Extranjería y Migración, y la sindicó de participar en la presunta concesión irregular de documentos.

Entre los nombres mencionados por Rivas figuran el uruguayo Sebastián Marset, Pedro Montenegro y personas identificadas por el exfuncionario como hijos del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Sobre Marset, Rivas afirmó que el ciudadano uruguayo habría ingresado y salido de Bolivia al menos 20 veces entre 2018 y 2019, sin mayores obstáculos administrativos.

"Durante esa gestión es la primera vez que ingresó Marset. Marset, entre el año 2018 y el año 2019, ingresó y salió del país unas 20 veces al menos. Entraba, salía sin ningún problema con la documentación totalmente avalada por esta red de organización criminal", denunció.

El exdirector sostuvo que se habrían vulnerado procedimientos para la aprobación de visas y documentos de permanencia migratoria. Sin embargo, estas afirmaciones requieren ser contrastadas con los registros oficiales y los resultados de las investigaciones correspondientes.

Rivas también cuestionó el funcionamiento del Servicio General de Identificación Personal (Segip) durante la gestión de Patricia Hermosa, a quien identificó como responsable de la institución en el periodo al que hizo referencia.

Según su versión, la emisión de cédulas de identidad a extranjeros habría sido posible gracias a presuntos mecanismos de coordinación entre funcionarios de Migración y el Segip.

"Sebastián Marset tenía un carnet boliviano. Imagínense, eso no puede ser posible sin la colaboración de este crimen organizado", manifestó Rivas.

El exfuncionario también cuestionó la relación política entre las autoridades de entonces y aseguró que las diferencias públicas entre Eduardo del Castillo y Evo Morales no reflejaban, a su juicio, lo que ocurría dentro de las instituciones.


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