Los hallazgos surgieron a partir de las investigaciones de los casos Marset, ROMA y Maletas, que expusieron presuntas filtraciones, accesos indebidos a información, influencias judiciales y fallas en los controles institucionales.
17/11/2026 10:12
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El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, identificó ocho mecanismos que habrían facilitado la infiltración de organizaciones criminales en instituciones públicas, el acceso a información reservada y la generación de espacios de impunidad.
Entre los hechos mencionados figuran los casos Marset, ROMA y Maletas, que involucran presuntas filtraciones, influencias judiciales, vulneración de controles y manejo irregular de bienes.
Urioste advirtió sobre la relación entre funcionarios y estructuras criminales en el Primer Foro Nacional “Justicia en Transición: Desafíos Constitucionales, Penales, Agroambientales e Institucionales”, desarrollado ayer lunes en por el Tribunal Departamental de Justicia del Beni,
“La corrupción y el crimen organizado son dos caras de una misma moneda”, remarcó.
El fiscal general explicó que las investigaciones permitieron identificar vulnerabilidades institucionales y mecanismos que habrían sido aprovechados por estas organizaciones. Los ocho aspectos expuestos son:
Los ocho mecanismos detectados
1. Captación de funcionarios. Las organizaciones criminales habrían incorporado o utilizado servidores públicos para favorecer sus actividades ilícitas y acceder a información de las instituciones.
2. Filtración de operativos. Se indaga si el entorno del narcotraficante Sebastián Marset recibió información antes del operativo del que escapó en Santa Cruz, en julio de 2023.
3. Acceso informático a información reservada. Urioste denunció que personas ajenas a la Fiscalía, incluido Marset, accedieron al sistema ROMA y a información sobre órdenes judiciales. La plataforma fue creada durante la gestión de Mariaca y posteriormente rebautizada.
4. Uso de influencias judiciales. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, declaró que Rómer Saucedo, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, le pidió gestionar permisos de viaje para las hijas de Laura Rojas, exdiputada vinculada al vuelo del denominado caso Maletas.
5. Vulneración de controles institucionales. La Aduana investigó la salida sin revisión de las 32 maletas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru y cuestionó el uso de un pasaporte diplomático caducado por parte de Rojas. El caso debe establecer si existió negligencia o complicidad.
6. Manejo de dinero y bienes. En el caso Mariaca se investigan vehículos de lujo, inmuebles y dinero. El Ministerio de Gobierno reportó 33 allanamientos, 46 vehículos, cinco inmuebles y el secuestro de más de Bs 5 millones y 407.000 dólares. Ante estos hechos, Urioste planteó afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones.
7. Uso y control de bienes incautados. Vehículos decomisados en operativos contra Marset pasaron al Órgano Judicial y uno fue asignado a Saucedo. Se cuestiona el control de estos bienes, aunque la cesión no se realizó durante su gestión.
8. Fragilidad institucional. Urioste reconoció que la Fiscalía Superior especializada en crimen organizado tenía una estructura “absolutamente teórica”, sin un brazo operativo propio. También señaló que las investigaciones eran fragmentadas y carecían de una visión integral de las estructuras criminales. Martín Irusta, quien fue fiscal superior durante la gestión de Mariaca, actualmente está detenido en Patacamaya.
El fiscal general agregó que no existía una coordinación transversal de las investigaciones y que había vulnerabilidad frente a presiones políticas y económicas, condiciones que habrían facilitado espacios de impunidad.
Medidas para combatir el crimen organizado
Frente a estas vulnerabilidades, Urioste anunció el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Persecución Penal del Crimen Organizado, mediante equipos especializados y multidisciplinarios que permitan investigar de manera integral a estas organizaciones.
La estrategia contempla el rastreo financiero, el análisis de movimientos de capital, la coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la cooperación internacional y la protección de testigos y denunciantes.
También defendió el uso de procedimientos abreviados como “mecanismos necesarios para desestructurar” las organizaciones criminales. En el caso Maletas, Quezada y el exfiscal Julio César Porras recibieron condenas de tres años por esa vía. Ambos fueron aprehendidos nuevamente y trasladados a La Paz, esta vez por el caso ROMA.
Urioste remarcó que la cooperación internacional debe apoyar las investigaciones, sin trasladar el juzgamiento de los delitos a autoridades extranjeras, y sostuvo que el objetivo es alcanzar acusaciones, sentencias condenatorias y la recuperación de bienes a favor del Estado.
