Gobierno deja en manos de la ALP el debate sobre la nacionalización de autos chutos

El Gobierno afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP, es la instancia donde debe debatirse el proyecto de ley referido a la nacionalización de vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó este miércoles que el Ejecutivo esperará el tratamiento legislativo de la propuesta antes de asumir una posición definitiva sobre su pertinencia y posible aplicación.

Según Gálvez, en caso de que el Órgano Legislativo sancione una norma que autorice la regularización de estos vehículos, recién el Gobierno evaluará su contenido, alcance y forma de implementación.

El vocero señaló que el Ejecutivo tiene conocimiento del proyecto impulsado por el diputado Reynaldo Seas, quien plantea la regularización de motorizados que ingresaron al país sin documentación legal.

“En particular, de parte del Gobierno, somos conscientes de que es algo que hay un sector de la población que lo pide y hay otro sector que lo cuestiona. Es algo que los padres de la Patria tendrán que discutir”, declaró Gálvez en conferencia de prensa.

El diputado proyectista sostiene que la medida podría beneficiar a propietarios de aproximadamente 1.050.000 vehículos indocumentados en todo el país. Además, estima que una eventual nacionalización podría generar una recaudación de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares.

De acuerdo con la propuesta, esos recursos podrían destinarse al mejoramiento de carreteras y al fortalecimiento de sectores como salud y educación.

Sin embargo, el debate divide opiniones en la sociedad boliviana. Mientras algunos sectores consideran que la regularización permitiría ordenar la situación de miles de propietarios, otros advierten posibles efectos negativos, como el incentivo al contrabando, el impacto en el parque automotor legal y los riesgos de seguridad vinculados al origen de los vehículos.

Por ahora, el Gobierno evita adelantar una postura de fondo y deja el debate en manos de la Asamblea Legislativa, donde se definirá si el proyecto avanza o queda frenado.