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El analista considera que las conductas de quienes ocuparon cargos jerárquicos en la justicia generan desconfianza y desasosiego en la sociedad.
13/11/2026 11:51
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La crisis del sistema judicial boliviano tiene un origen moral y ético, marcado por la corrupción de algunas autoridades que llegaron a ocupar cargos de alta responsabilidad. Así lo afirmó el analista político Carlos Cordero, al referirse a los cuestionamientos que involucran a exautoridades judiciales y del Ministerio Público.
“Yo creo que hay una crisis moral y ética en un grupo de personas que han tenido la oportunidad de formarse profesionalmente como juristas, como abogados y que luego, cuando han tenido la oportunidad de dirigir estas instancias que deben impartir justicia en el país, esa corrupción personal, moral y ética es lo que hoy día está generando esta sensación de desasosiego en general en la sociedad”, manifestó.
Cordero consideró que no corresponde hablar de una crisis total del sistema jurídico, sino de personas que se corrompieron durante el ejercicio de la función pública y que, incluso, pudieron conformar redes de corrupción.
En ese sentido, sostuvo que la mayoría de los integrantes del sistema judicial son profesionales honestos y trabajadores, pero advirtió que la intervención política en la designación de autoridades contribuyó a que personas sin la conducta ética necesaria llegaran a ocupar cargos jerárquicos.
“Uno de los problemas del sistema de justicia es la politización, es decir, la intervención de partidos políticos en la designación de funcionarios del sistema judicial que debería ser en función de méritos profesionales, pero también de conductas éticas y morales absolutamente férreas y blindadas”, afirmó.
El analista también señaló que se deben aplicar sanciones contra quienes resulten responsables de hechos de corrupción y establecer mecanismos que eviten que estas conductas se repitan en el futuro.
Finalmente, planteó que la renovación de las autoridades judiciales debe priorizar la trayectoria profesional y la integridad personal, con el objetivo de recuperar la confianza de la población en la administración de justicia.