Luisa Nayar: "Se pagó más de Bs 700 mil de sobreprecio por hospital móvil"

La investigación por el presunto sobreprecio en la compra de hospitales móviles durante la gestión del exalcalde Jhonny Fernández avanza con nuevas medidas dispuestas por el Ministerio Público.

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, informó que ya se ordenó el congelamiento de cuentas y la activación de una alerta migratoria contra el exburgomaestre y la exsecretaria municipal de Salud, con el objetivo de evitar que abandonen el país mientras se desarrollan las investigaciones.

Nayar explicó que la denuncia penal presentada por el Concejo Municipal incluye los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

"Ya se ha ordenado este congelamiento de cuentas y se ha ordenado también la alerta migratoria. Ahora estamos a la espera de que las autoridades competentes emitan los requerimientos respectivos y de esta manera se ejecuten las instrucciones desde el Ministerio Público", afirmó.

La denuncia se centra en la adquisición de cuatro hospitales móviles realizada en junio de 2024. De acuerdo con Nayar, cada unidad fue comprada por aproximadamente Bs 1,2 millones, pese a que cotizaciones realizadas posteriormente establecen que un vehículo con características similares e incluso de un modelo más reciente tendría un valor cercano a Bs 531.000.

"Estamos hablando de que se habría pagado más de 700 mil bolivianos en sobreprecio por cada unidad. Si las cosas se hubieran hecho bien, no tendríamos cuatro hospitales móviles, tendríamos ocho", sostuvo.

La concejal también cuestionó el estado de funcionamiento de los equipos adquiridos. Señaló que dos de los cuatro hospitales móviles permanecen fuera de servicio desde diciembre de 2025, pese a que aún no cumplen dos años desde su compra.

"No han transcurrido ni dos años y ya dos de ellos presentan fallas y no prenden. Incluso de uno de ellos se llevaron las llaves", denunció.

Nayar manifestó que espera que la investigación avance con celeridad y que, además de establecer responsabilidades penales, se logre recuperar los recursos económicos.