Magistratura acepta la renuncia del vocal que benefició a Hebert Zeballos y abre investigación

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, confirmó la aceptación de la renuncia del vocal de la Sala Penal que participó en la resolución que otorgó medidas sustitutivas y detención domiciliaria al exjuez Hebert Zeballos, investigado dentro del denominado 'caso maletas'.

La dimisión se produce en medio de cuestionamientos públicos y de una auditoría jurídica que busca establecer si la decisión judicial se ajustó a la normativa vigente o si existieron responsabilidades disciplinarias o penales.

Spencer informó que el Consejo de la Magistratura intervino la Sala Penal que emitió la resolución y realiza un relevamiento técnico del expediente para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los vocales que concedieron la detención domiciliaria.

"La Sala Plena aceptó esta renuncia a la brevedad porque no se puede permitir que funcionarios del Órgano Judicial continúen desempeñando funciones si existen indicios de conductas irregulares. Se está realizando un relevamiento técnico para establecer si existen responsabilidades de los vocales que otorgaron esta medida", afirmó.

La autoridad señaló que, si la investigación confirma la existencia de un procedimiento irregular o hechos de corrupción, se aplicarán las sanciones previstas por la ley, que pueden incluir la destitución de los funcionarios involucrados y su inhabilitación para volver a ejercer cargos dentro del Órgano Judicial.

Procesos disciplinarios continúan

Spencer también reveló que Hebert Zeballos enfrenta alrededor de 26 procesos disciplinarios, los cuales continuarán su trámite independientemente de la renuncia presentada.

Precisó que la normativa administrativa establece que estos procesos no se extinguen con la dimisión del funcionario y que las investigaciones seguirán su curso hasta determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, aclaró que la investigación impulsada por el Consejo de la Magistratura tiene un carácter administrativo y disciplinario, por lo que no modifica la resolución judicial que otorgó la detención domiciliaria. Cualquier revisión de esa decisión deberá realizarse mediante los recursos legales previstos por la normativa, como apelaciones u otras acciones judiciales.

El Consejo de la Magistratura anunció que, una vez concluido el informe técnico, dará a conocer los resultados y las medidas que correspondan conforme a la ley.