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Los internos reclaman que se garantice el cumplimiento de los derechos de las personas de la tercera edad que permanecen recluidas, sin discriminación y con atención prioritaria.
11/11/2026 14:40
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Privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro protagonizaron un motín para exigir que se respeten los derechos de los internos adultos mayores y que reciban un trato digno, sin discriminación por su edad o condición dentro del recinto penitenciario.
La demanda apunta al cumplimiento de las garantías reconocidas para las personas mayores de 60 años, que deben recibir atención preferente y condiciones adecuadas a sus necesidades. Los reclusos cuestionan que estos derechos no estarían siendo garantizados plenamente y piden a las autoridades atender la situación de los internos de la tercera edad.
En Bolivia, la protección de este sector está respaldada por la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 369, General de las Personas Adultas Mayores, que reconoce el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez, además de un trato preferente.
¿Cuáles son los derechos de los adultos mayores en las cárceles?
Las personas mayores de 60 años que se encuentran privadas de libertad mantienen sus derechos fundamentales y cuentan con garantías especiales debido a su edad. Entre ellas están:
Trato preferente y vejez digna: derecho a recibir atención prioritaria, respeto y condiciones de vida adecuadas.
Atención médica integral: acceso oportuno a servicios de salud, medicamentos y asistencia acorde con sus necesidades físicas.
Alimentación y condiciones adecuadas: recibir alimentación y permanecer en espacios que consideren sus condiciones de salud y movilidad.
Asistencia jurídica: acceso a orientación y defensa legal para ejercer sus derechos y realizar solicitudes ante las autoridades.
Seguridad social: mantener el acceso a las prestaciones que les correspondan, como la Renta Dignidad, de acuerdo con los requisitos establecidos.
Protección sin discriminación: no ser objeto de maltrato, exclusión o trato desigual por razón de edad.
Estas garantías no significan una excarcelación automática. Las solicitudes de beneficios o medidas alternativas deben ser evaluadas por las autoridades competentes, conforme a la normativa vigente y las circunstancias de cada caso.