Sequía en Bolivia: 114.048 familias afectadas y una respuesta conjunta entre gobierno, gobernaciones y municipios

Ante un panorama crítico que ya golpea a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos del país, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, convocó formalmente a las autoridades de los tres niveles del Estado a asumir una respuesta coordinada y corresponsable. La medida se enmarca en la declaratoria de Emergencia Nacional establecida mediante el Decreto Supremo 5759.

De acuerdo con los datos consolidados al 29 de octubre, el impacto de la sequía se divide en 78.217 familias afectadas y 35.831 damnificadas, cifras que evidencian la urgencia de fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio nacional. 

"La emergencia no comenzó con la firma del decreto. La sequía ya está perjudicando a más de 114 mil familias bolivianas y tenemos informes técnicos que advierten que, durante los próximos meses, los riesgos pueden agravarse", afirmó el ministro durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances de la norma.

Corresponsabilidad interinstitucional

Justiniano enfatizó que la atención de esta crisis no puede recaer exclusivamente en una sola cartera de Estado, sino que demanda una movilización integral.

"No solamente Defensa, sino también los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías. La atención exige la participación de las carteras competentes en agua, salud, producción, infraestructura, medio ambiente y economía", sostuvo.

En la misma línea, el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, detalló la estructura operativa de asistencia. "En la primera instancia actúan las ETA [Entidades Territoriales Autónomas] y las comunidades en los municipios, luego las gobernaciones y finalmente el poder central, con mucha ayuda también de las Fuerzas Armadas y unidades especializadas como la UME".

Para agilizar los respaldos técnicos, el Ejecutivo instó a gobernadores y alcaldes a identificar los daños, elaborar las evaluaciones correspondientes y formalizar sus propias declaratorias de emergencia o desastre cuando la normativa lo amerite.

El alcance del Decreto Supremo 5759

El decreto, promulgado el pasado 31 de octubre por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece un marco de acción conjunta entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Sin embargo, las autoridades aclararon que la medida no constituye un cheque en blanco ni recursos automáticos.

"El decreto abre puertas al financiamiento. Nos facilita gestionar mecanismos financieros sujetos a requisitos. Eso no equivale a desembolsos confirmados, es importante decirlo", remarcó Justiniano, añadiendo que la solicitud de ayuda humanitaria y la ejecución de contrataciones de emergencia siguen sujetas a estrictos controles administrativos.

Nuevas amenazas en el horizonte climático

Las proyecciones técnicas alertan que la crisis climática está lejos de concluir. A la escasez de agua actual se sumarán en los próximos meses nuevos desafíos meteorológicos y ambientales, tales como inundaciones, desbordes, riadas, heladas, granizadas e incendios forestales.

"Son familias que enfrentan escasez de agua y pérdidas en sus medios de vida. Es importante decir que esto no termina con el tema de la sequía. Los escenarios también nos apuntan a una situación grave de inundaciones, desbordes, riadas, además de heladas y granizadas e incendios forestales", advirtió el titular de Defensa. "Mientras en algunas regiones falta agua, en otras puede llegar demasiada".

Finalmente, el Gobierno remarcó que el principal desafío es traducir la declaratoria en prevención, coordinación y asistencia real. "Nuestra responsabilidad es convertir esta decisión en prevención, coordinación, recursos gestionados con responsabilidad y ayuda concreta para las familias bolivianas", concluyó Justiniano.