Transporte exige respuestas por la gasolina que dañó vehículos y pide ampliar la investigación

La investigación por la comercialización de gasolina desestabilizada dio un nuevo giro tras la emisión de una orden de aprehensión contra el exministro de Hidrocarburos, Sergio Mauricio Medinaceli Monroy, acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Transporte pide ampliar investigaciones

Desde el sector del transporte señalaron que las investigaciones no deben limitarse al exministro, sino extenderse a otras exautoridades que, según afirman, tuvieron responsabilidades en la autorización, control y fiscalización de la distribución del combustible.

“Están caminando libremente y obviamente ellos tienen que comparecer ante la autoridad, porque no simplemente se ha afectado al transportista, sino a toda la población”, manifestó Limbert Tancara, representante del Transporte Libre de La Paz.

Asimismo, pidieron que se investigue a la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Mardola Yara, al considerar que la institución tenía la responsabilidad de supervisar la calidad del combustible distribuido en el país.

“Lo hemos dicho claramente: la señora Margot Ayala era la encargada de controlar y fiscalizar”, señaló Tancara.

Los transportistas recordaron que fueron uno de los primeros sectores en denunciar la comercialización de la denominada gasolina desestabilizada y aseguraron que continúan realizando inspecciones en surtidores y en la planta de Senkata para verificar el avance del resarcimiento a los afectados y las mejoras en la calidad del carburante.

Caso Gasolina desestabilizada involucra a más de 100 funcionarios

Paralelamente, legisladores que impulsaron la investigación en la Asamblea Legislativa indicaron que el proceso involucra a exautoridades y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otras instancias relacionadas con la importación y distribución del combustible.

El caso permanece en investigación por el Ministerio Público, mientras continúan las acciones para determinar responsabilidades y establecer posibles nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas presuntamente implicadas.