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El gobernador de Santa Cruz rechazó la propuesta de legalizar vehículos indocumentados, advirtiendo que fomentaría el contrabando y el crimen organizado, y pidió en su lugar fortalecer los controles fronterizos.
02/07/2026 10:10
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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, en representación de la alianza Libre, expresó su rechazo “categórico” a cualquier iniciativa destinada a la regularización de vehículos indocumentados o de contrabando en el país, en medio del debate reabierto por un proyecto legislativo que plantea una legalización extraordinaria de estos motorizados.
A través de sus redes sociales, la autoridad afirmó que este tipo de medidas envían un “mensaje equivocado” y debilitan el Estado de derecho al incentivar la informalidad.
“Desde Libre rechazamos de manera categórica cualquier iniciativa orientada a legalizar vehículos indocumentados o de contrabando. Esta medida enviaría una señal equivocada al país, premiando la informalidad y debilitando el Estado de derecho”, señaló Velasco.
El gobernador advirtió que una parte de los vehículos que ingresan de manera irregular al país estarían vinculados a redes de contrabando y, en algunos casos, a delitos como robo transnacional de vehículos, narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.
En ese marco, sostuvo que una eventual regularización podría incentivar nuevas internaciones ilegales y fortalecer economías ilícitas.
Defensa del sector formal
Velasco también señaló que una medida de este tipo afectaría directamente al sector formal de la economía, incluyendo concesionarios, importadores, talleres y trabajadores que cumplen con obligaciones tributarias.
Explicó que la industria automotriz ya enfrenta una fuerte presión por el incremento de costos de importación y la carga tributaria, por lo que la legalización de vehículos indocumentados profundizaría la competencia desleal.
Propuesta alternativa: fortalecer controles
En lugar de una regularización, el gobernador planteó reforzar el control fronterizo mediante el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y otras instituciones de fiscalización, además de intensificar la lucha contra redes criminales.
“Bolivia debe proteger a quienes cumplen la ley, no generar incentivos para quienes la incumplen”, afirmó.
Debate reabierto en el país
La polémica surge tras la presentación de un proyecto de ley que busca regularizar de forma excepcional los denominados “autos chutos”, con el objetivo de formalizar el parque automotor y destinar recursos a gobiernos subnacionales.
La iniciativa ha reactivado una discusión que Bolivia ya vivió en 2011, cuando se realizó un proceso de nacionalización de vehículos indocumentados bajo el argumento de ser una medida única y excepcional.
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