CAB: Denuncia que legalizar los autos 'chutos' es una promoción al delito

De acuerdo a Jhonny Salvatierra, presidente de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), el parque automotor boliviano cuenta actualmente con 2,5 millones de vehículos en circulación, distribuidos entre 1,7 millones de unidades de cuatro ruedas y 800 mil motocicletas. Sin embargo, se calcula que los vehículos denominados ‘chutos’ e indocumentados ya representan entre 1 millón y 1.200.000 unidades adicionales.

"Cargan combustible en bidones, por eso tampoco hay combustible; ya con autorización, en un mes no habrá gasolina", advirtió.

La CAB expresó su firme rechazo ante la propuesta de nacionalización al considerar que se está premiando la ilegalidad y debilitando las estructuras de seguridad del Estado. El líder del sector lamentó el pésimo ejemplo que se da como país al pretender nacionalizar lo ilegal, vinculando estos vehículos directamente con la violencia y el narcotráfico. "La gente dice: 'en vez de comprarme uno de una automotriz, me compro dos o tres de lo robado', esto es una promoción al delito y el gobierno se está prestando para legalizar lo ilegal", enfatizó el ejecutivo.

Salvatierra indicó que el sector automotriz formal se consolidó como el segundo mayor contribuyente fiscal del país, superado únicamente por el sistema bancario nacional. Remarcó que esta industria legal aporta anualmente unos 500 millones de dólares en impuestos directos al Estado.

Frente a esta realidad, Salvatierra manifestó con profunda preocupación el sentir de sus afiliados: "Es un día de luto para el empresariado formal en Bolivia, es una burla".

Riesgo inminente de aislamiento internacional

Indicó que, con la aprobación de esta normativa, las importadoras oficiales se verían obligadas a reducir sus operaciones a la mínima expresión y comenzar el cierre definitivo de locales comerciales.

"Nosotros trabajamos con fábricas de afuera, con pedidos, entonces las fábricas también se desaniman de trabajar con un país así", alertó el presidente de la institución.

Para finalizar, Salvatierra indicó que su sector exige a las autoridades frenar el proyecto y aplicar con rigurosidad los mecanismos de control que ya establece el marco jurídico boliviano. La propuesta del sector es ejecutar las leyes actuales que dictan el decomiso inmediato de las unidades que ingresaron de contrabando al país. "Se debería hacer lo que dice la ley; lo que hacen con nosotros si traemos un vehículo de esos, nos lo rematan y el producto del remate que vaya a pagar la educación y demás", concluyó.