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La diputada de Libre sostuvo que la investigación no debe concentrarse solo en el ex ministro Mauricio Medinaceli y pidió actuar “con la misma vara” contra exautoridades y funcionarios vinculados a la importación, control y distribución del combustible observado.
31/07/2026 23:10
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La diputada de Libre, Lissa Claros, afirmó que el caso de la denominada gasolina de mala calidad o gasolina desestabilizada debe investigarse de forma amplia, incluyendo a exautoridades de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y funcionarios que, según dijo, tuvieron responsabilidad en el control de calidad del combustible.
Claros sostuvo que su denuncia fue presentada ante el Ministerio Público hace más de tres meses y que en ella ya se identificaban posibles responsabilidades de varias autoridades y exfuncionarios.
“Uno de los principales responsables para nosotros siempre hemos considerado que era el señor Akly, presidente entonces de YPFB, y también los máximos responsables de ANH”, señaló.
Pide investigar el control de calidad
La legisladora remarcó que la ANH tenía la responsabilidad de garantizar la calidad del combustible en surtidores, por lo que cuestionó que hasta ahora no se haya esclarecido por completo cómo llegó el producto observado a los consumidores.
“Hay un decreto supremo que establece que la ANH es responsable de garantizar la calidad del combustible en los surtidores, aspecto que no ha ocurrido”, afirmó.
Según Claros, la investigación debe establecer qué tipo de combustible ingresó al país, quiénes autorizaron su recepción, si fue tratado correctamente y por qué terminó siendo distribuido.
Cuestiona una posible justicia selectiva
La diputada dijo que la justicia debe actuar de manera imparcial y no limitarse a investigar solo al exministro Mauricio Medinaceli, quien recibió detención domiciliaria tras permanecer en celdas de la Felcc.
“Vamos a exigir a la justicia que actúe con la misma vara para absolutamente todos los implicados”, sostuvo.
Claros señaló que, en su criterio, existen alrededor de 50 funcionarios y exfuncionarios inicialmente vinculados al caso, aunque advirtió que si la investigación se amplía correctamente podrían superar el centenar.
Sobre la Resolución 041
La parlamentaria también se refirió a la explicación de Medinaceli, quien afirmó que la Resolución 041 no autorizó la comercialización de la gasolina, sino el desprecintado para su tratamiento.
Claros dijo que recoge esa versión como parte de la investigación, pero insistió en que se debe esclarecer qué ocurrió después del desprecintado.
“El proceso debe determinar quiénes no trataron el combustible, quiénes no verificaron la calidad y por qué llegó a las familias bolivianas”, afirmó.
Pide investigar desde gestiones anteriores
La diputada sostuvo que la investigación debe remontarse a gestiones anteriores, incluso desde 2021 y 2022, porque el problema no habría comenzado únicamente en el actual Gobierno.
En ese marco, mencionó que también deben ser investigadas exautoridades como Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, y funcionarios de la ANH que tuvieron participación en periodos previos.
“Por supuesto que la investigación debe ampliarse también a exministros y expresidentes de YPFB”, indicó.
Solicitó arraigo y alerta migratoria
Claros informó que, como denunciante, solicitó arraigo, alerta migratoria e incluso medidas sobre bienes de los investigados, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y un eventual resarcimiento por daños económicos.
La legisladora cuestionó que, hasta el momento, no se hayan activado todas las medidas requeridas y dijo que pedirá informes al Ministerio Público.
“Nosotros no estamos con los brazos cruzados. Estamos haciendo todas las acciones que en justicia y en derecho corresponden”, afirmó.
Exige sanciones y resarcimiento
La diputada remarcó que el caso no debe quedar en la impunidad y que, además de identificar responsabilidades penales, se debe buscar el resarcimiento económico por los daños causados al Estado y a las familias afectadas.
Según Claros, se habrían destinado más de Bs 20 millones para compensar al sector transporte, por lo que cuestionó que ese costo termine siendo asumido por la población.
“Hay responsables y se los debe investigar. Lo más importante es que se los debe castigar para generar un precedente”, concluyó.
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