Empresas estatales registran pérdidas acumuladas de Bs. 12.743 millones

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) presentó un informe sobre la situación financiera de las empresas estatales en el país. Los datos oficiales revelan un déficit acumulado que asciende a los 12.743 millones de bolivianos, dinero que, según las autoridades, pudieron haberse destinado a infraestructura y proyectos de inversión social.

Del total de corporaciones evaluadas, un grupo de quince firmas se encuentra actualmente en una situación crítica debido a la constante devaluación de su patrimonio. El conjunto de estas empresas bajo observación especial acumula una pérdida específica de 5.177 millones de bolivianos.

Las firmas más afectadas por la crisis financiera

En el listado de mayor riesgo sobresalen entidades de gran relevancia nacional como Mi Teleférico, Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Solo el sistema de transporte por cable de Mi Teleférico encabeza los números rojos con pérdidas de 2.039 millones de bolivianos, seguido de cerca por la aerolínea estatal y la firma de litio.

Ante este adverso panorama, el director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho, enfatizó la urgencia de transparentar las operaciones financieras ante toda la ciudadanía.

"Hace pocas horas le mostramos a Bolivia qué se hicieron con los recursos de los bolivianos. Hemos dado una cifra de terror, hoy hablamos de una pérdida acumulada de 12.743 millones de bolivianos y hablo de las 67 empresas que están bajo tuición de la OFEP", aseveró la autoridad sectorial.

Metodología y siguientes pasos para la evaluación

Camacho detalló que el análisis continuará de manera rigurosa una vez que se cumplan las normativas administrativas correspondientes para viabilizar el estudio. "Primero se debe aprobar el presupuesto reformulado y a partir de su promulgación nos da 30 días de plazo para presentar un diagnóstico de las empresas", explicó el director.

De acuerdo a lo indicado por Camacho, la institución empleará estándares internacionales validados para estructurar el informe que definirá el rumbo de estas empresas en crisis. Este diagnóstico técnico final se entregará directamente al presidente y a su gabinete de ministros para que determinen las acciones pertinentes.