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Tras ser mencionado por Aldo Quezada, Ávila negó cualquier conversación sobre candidaturas con el exmagistrado y aseguró que está dispuesto a someterse a las investigaciones que correspondan.
13/11/2026 0:00
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, negó haber coordinado con el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, alguna decisión relacionada con las elecciones subnacionales o la inhabilitación de candidatos en San Ignacio de Velasco.
Su respuesta surge después de que Aldo Quezada, expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, declarara que Saucedo había movido “cielo y tierra”, incluso coordinando con el titular del TSE, para que su tío fuera elegido alcalde de ese municipio.
“Jamás tuvimos alguna conversación relacionada a ese tipo, donde él solicitara algo relacionado al proceso electoral y yo estoy abierto a cualquier investigación que puedan hacer", afirmó Ávila, quien reconoció que conocía a Saucedo por el ámbito institucional, debido a sus funciones como autoridades del Estado.
Las elecciones municipales de San Ignacio fueron polémicas por la inhabilitación de candidatos y la anulación de votos.
Ávila explicó que la inhabilitación de la agrupación ASIP en las elecciones de San Ignacio obedeció a un fallo de Sala Constitucional, mientras que el Órgano Electoral estaba obligado a cumplir esa determinación.
“Existía una sentencia de una sala constitucional que determinaba aquello, y esa sentencia obligaba al Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz a que en el plazo de 72 horas dicte una resolución inhabilitando a estas organizaciones políticas”, explicó.
Sobre la situación de Cristian Méndez, quien buscaba postular a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, aclaró que su caso no estaba relacionado con el de ASIP. Explicó que el candidato fue inhabilitado inicialmente por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz al no presentar un certificado exigido entre los requisitos para su postulación.
“Cristian Méndez en realidad es inhabilitado en primera instancia al no tener un certificado y después fue ratificado por el tribunal al no cumplir un requisito. Esas son las dos inhabilitaciones que se llevaron adelante”, precisó Ávila.
El titular del órgano electoral también cuestionó la intervención de las instancias judiciales en los procesos electorales y reveló que durante las últimas elecciones subnacionales tuvieron que asistir a 90 audiencias de amparo constitucional en diferentes partes del país.
Según dijo, estas acciones buscaban paralizar las elecciones, modificar el calendario electoral o vulnerar el principio de preclusión.
Finalmente, Ávila anunció que recurrirán a las instancias necesarias para defender su actuación y la institucionalidad del órgano electoral frente a las declaraciones que lo involucran.
“Nosotros vamos a agotar todas las vías necesarias para defender nuestra dignidad y el trabajo que hemos realizado. Eso yo creo que corresponde a cualquier ciudadano y cualquier ciudadano lo haría”, manifestó.