Investigan a cuatro nuevos implicados tras la caída de Henry Nina por irregularidades en proyectos en ABC

El Ministerio Público expandió el cerco judicial en torno al presunto millonario fraude de la doble vía El Sillar e incorporó formalmente a cuatro personas a la investigación penal. Tras la aprehensión del expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, las autoridades fiscales convocaron a estos nuevos sospechosos para definir su situación jurídica.

Exautoridades bajo la lupa del Estado

El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García precisó que se trata de funcionarios o exfuncionarios con poder de decisión. La ex máxima autoridad de la ABC fue arrestada por presunta conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos, principalmente en un proyecto que costó más de 420 millones de dólares.

La investigación estatal detectó que la polémica obra caminera recibió un aval provisional de entrega a pesar de registrar explícitamente 719 fallas estructurales y graves deslizamientos.

"Se puede identificar un área como el sector de Barros Negros; el diseño original no recomendaba realizar el trazo, igual lo hicieron, esto ocasionó un resultado de agrietamiento y fisuras", denunció García.

Daño económico y beneficios ilícitos a contratistas

El pliego acusatorio revela que Nina suscribió cuatro contratos modificatorios que duplicaron el plazo original de la obra de 1.900 a 3.700 días calendario. Según el viceministro, a través de estos instrumentos se redujeron las multas previstas a favor del contratista y se generó una pérdida cambiaria preliminar de 1,5 millones de bolivianos.

El Viceministerio de Transparencia confirmó que coadyuvará activamente en el proceso y que solicitará formalmente seis meses de detención preventiva para Nina en la audiencia de este miércoles. Por este mismo proyecto vial, el exministro del área, Édgar Montaño, ya se encuentra cumpliendo detención preventiva tras ser imputado como corresponsable de las irregularidades.

Ampliación de las diligencias técnicas

Para consolidar la cuantificación del daño patrimonial, la Fiscalía programará inspecciones oculares e interrogará a los fiscalizadores encargados de supervisar la ruta. El Gobierno ratificó que la determinación de responsabilidades civiles y penales se ampliará sin distinciones a todos los niveles que omitieron el control de la megaobra.