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La gerente nacional legal de Soboce, Ximena Riveros, afirmó que la empresa aún no recibió el pago por el 33,34% de acciones que tenía en Fancesa y advirtió que un fallo de Bs 744 millones podría derivar en congelamiento de cuentas y afectar sus operaciones.
14/07/2026 0:16
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La gerente nacional legal de Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Ximena Riveros, informó que la empresa lleva 16 años reclamando el pago por las acciones que tenía en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), expropiadas en 2010.
Riveros explicó que Soboce adquirió en 1999 el 33,34% de las acciones de Fancesa y que, 10 años después, esas acciones fueron otorgadas como garantía para acceder a créditos bancarios. Según la ejecutiva, esa operación fue legal y formaba parte del patrimonio de la empresa.
“Nos expropiaron las acciones y 16 años después seguimos reclamando justicia, seguimos reclamando el pago y hasta el día de hoy no se concreta”, señaló.
Proceso por competencia desleal
Riveros indicó que, después de la expropiación, se inició contra Soboce un proceso por presunta competencia desleal, que derivó en un fallo que ordena el pago de Bs 744 millones.
La representante legal cuestionó el proceso y sostuvo que la acusación se basó en el uso de las acciones como garantía bancaria, algo que, según afirmó, está permitido en el ámbito comercial.
“Cualquier persona que conoce de derecho comercial o de trámites bancarios sabe que es perfectamente lícito otorgar tus propias acciones en garantía para sacar un crédito”, afirmó.
Cuestionan “daño al proyecto de vida”
Uno de los principales cuestionamientos de Soboce es la aplicación del concepto de “daño al proyecto de vida” a una empresa comercial.
Riveros sostuvo que ese término corresponde a procesos vinculados a derechos humanos y no a sociedades comerciales. Según explicó, aproximadamente Bs 480 millones del monto fijado en el fallo estarían vinculados a ese concepto.
“Una empresa no tiene proyecto de vida”, afirmó, al advertir que este criterio puede generar un precedente negativo para la seguridad jurídica en el país.
Piden frenar congelamiento de cuentas
La gerente legal informó que Soboce presentó una queja constitucional y solicitó una medida cautelar para evitar el congelamiento de cuentas o embargo de bienes, mientras el caso es revisado.
Advirtió que una medida de ese tipo podría dejar inoperativa a la empresa y afectar a trabajadores, proveedores y transportistas.
Según Riveros, de Soboce dependen 1.500 empleos directos y alrededor de 200.000 familias de manera indirecta.
Preocupación por la inversión
Riveros también expresó preocupación por el impacto que este caso puede tener en la inversión extranjera, tomando en cuenta que Soboce pertenece al Grupo Gloria.
“¿Quién va a querer invertir en un país donde te expropian las acciones y no te pagan en 16 años?”, cuestionó.
La ejecutiva señaló que la empresa pide seguridad jurídica y que se cumplan los lineamientos del amparo constitucional que, según dijo, ya fue favorable para Soboce,
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