Víctimas de Lucho Roma denuncian a la cúpula Jesuita por encubrimiento: "Bolivia no puede ser un basurero de pederastas"

Un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por los abusos en la Iglesia católica se abrió este viernes. Dos víctimas del fallecido sacerdote jesuita Luis María Roma Padrosa presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía contra cinco exautoridades de la Compañía de Jesús, acusándolas de complicidad y encubrimiento en las violaciones sistemáticas cometidas contra niñas indígenas guaraníes.

Un "holocausto" silenciado

Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobre vivientes de Abuso Sexual Eclesial, calificó estos hechos como un "verdadero holocausto" y señaló que el caso de "Lucho Roma" es apenas la punta del iceberg de una red que operó en Cochabamba, los Yungas y Charagua.

“Es doloroso cargar en silencio, pero una vez roto, es liberador. Instamos a las víctimas a hablar, porque solo así se configurará la verdad histórica para que esto nunca más se repita”, afirmó Flores, destacando que el fallo previo en Cochabamba contra otros dos exprovinciales ha servido de impulso para estas nuevas denuncias.

Acusaciones de "Turismo Sexual" y encubrimiento institucional

Flores fue contundente al denunciar que Bolivia fue utilizada como refugio para sacerdotes que ya tenían procesos o sentencias en España. Mencionó nombres como Francesc Peris, Luis Tó González y Francesc Roma (primo de Lucho Roma), quienes habrían sido trasladados al país pese a sus antecedentes.

“Estamos hablando de un tránsito de turismo sexual prácticamente. Bolivia no puede ser un vertedero de pederastas”, sentenció Flores.

El representante denunció que la Compañía de Jesús presentó en 2023 una denuncia contra Lucho Roma (fallecido en 2019) solo para buscar la prescripción del caso. "Denunciaron al muerto sabiendo que no se puede imputar a un difunto, actuando con asesoramiento legal para cerrar el caso", explicó.

Hacia una investigación internacional

La red de sobrevivientes ha solicitado formalmente a Sindic, organización de derechos humanos en Cataluña, que amplíe sus investigaciones hacia Bolivia, dado que la mayoría de los perpetradores identificados son de origen catalán.

Flores subrayó que la violencia sexual infantil es una forma de tortura según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debido a las secuelas permanentes y los casos de víctimas que no lograron soportar el trauma. "La Compañía de Jesús no optó por el bienestar de los niños; su actuar fue para proteger a sus pares", concluyó, exigiendo que la Fiscalía tome el mando de la investigación con seriedad.