¿No puedes pagar tu préstamo? Conoce los beneficios de la nueva reprogramación de deudas

Miles de bolivianos que actualmente tienen préstamos bancarios podrían beneficiarse con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5630, una normativa diseñada para aliviar la situación económica de quienes vieron afectados sus ingresos a causa de bloqueos, conflictos sociales u otros eventos adversos.

La disposición permite que los prestatarios soliciten de manera voluntaria el refinanciamiento o la reprogramación de sus créditos, adaptando las cuotas a su nueva realidad económica y evitando que las dificultades temporales se conviertan en un problema financiero mayor.

¿Quiénes pueden solicitar la reprogramación?

La medida está dirigida a personas que hayan sufrido una reducción en sus ingresos debido a conflictos sociales, bloqueos o situaciones que afectaron directamente su capacidad de pago.

Cada caso será evaluado por la entidad financiera correspondiente, tomando en cuenta la situación económica particular del solicitante.

¿Cuáles son los principales beneficios?

Uno de los aspectos más importantes del decreto es que permite adecuar el crédito a la capacidad real de pago del cliente.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

•  Reprogramación de cuotas según la situación económica actual del prestatario.

•  Refinanciamiento de créditos para reducir la presión financiera.

•  Posibilidad de ampliar los plazos de pago.

•  Mantenimiento de la misma tasa de interés pactada originalmente, salvo que se acuerde una más favorable.

•  Protección de la calificación crediticia, ya que la reprogramación no implica una categoría de mayor riesgo para el cliente.

¿Se puede dejar de pagar temporalmente?

Sí. El decreto contempla la posibilidad de acceder a periodos de gracia de hasta seis meses.

Durante ese tiempo, el prestatario no tendrá que realizar pagos de:

• Capital

• Intereses

• Seguros

• Comisiones

• Otros cargos asociados al crédito

Esta medida busca otorgar un respiro económico a las familias y emprendedores afectados por la coyuntura.

¿Qué ocurre mientras se tramita la solicitud?

La norma también incorpora un periodo de prórroga mientras la entidad financiera analiza el caso.

Durante ese proceso:

• No se realizarán cobros

• No se modificarán las condiciones del crédito

• No se alterará el estado de la obligación financiera

Esto evita que el cliente sea perjudicado mientras espera una respuesta

¿Los seguros seguirán vigentes?

Sí. El decreto establece que los seguros de desgravamen hipotecario y aquellos que respaldan las garantías de los créditos continuarán vigentes durante los periodos de gracia o prórroga.

Además, no podrán aplicarse recargos, intereses de mora ni modificaciones a las coberturas por esta situación.

¿Quién paga los costos del trámite?

Otro aspecto favorable para los prestatarios es que las entidades financieras deberán asumir los costos relacionados con la elaboración de adendas, minutas y documentos necesarios para concretar la reprogramación o refinanciamiento.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Las entidades financieras deberán publicar los requisitos en sus páginas web y habilitar mecanismos ágiles para recibir las solicitudes.

Asimismo, el decreto obliga a bancos y entidades de intermediación financiera a brindar información clara, completa y accesible a sus clientes, además de garantizar un trato equitativo y sin discriminación.

Lo que debes saber antes de solicitarlo

Si tienes un crédito y tus ingresos se vieron afectados por bloqueos o conflictos sociales, esta norma podría ayudarte a evitar atrasos, reducir la presión financiera y reorganizar tus pagos.

Sin embargo, expertos recomiendan revisar cuidadosamente las nuevas condiciones que propondrá la entidad financiera, ya que cada refinanciamiento o reprogramación será analizado de manera individual y adaptado a la situación particular de cada prestatario.

La supervisión y control del cumplimiento de estas medidas estará a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que deberá garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes los necesiten.