Constitucionalista advierte que bloqueos vulneran derechos humanitarios en La Paz

El abogado constitucionalista y experto en gestión de crisis, Jorge Ibáñez, realizó un análisis sobre la actual conflictividad social en Bolivia y afirmó que los bloqueos y el cerco a la ciudad de La Paz representan una vulneración de derechos contemplados en el Derecho Internacional Humanitario.

Según el especialista, la apertura de un corredor humanitario evidencia la gravedad de la situación, debido a que se estaría restringiendo el acceso de la población a alimentos, combustible, gas y servicios de salud.

“El derecho al acceso a los alimentos y a la energía está siendo vulnerado por grupos irregulares”, sostuvo el experto, quien señaló directamente a sectores identificados como los “Ponchos Rojos”.

Tácticas de movilizados

En su análisis, aseguró que estos grupos utilizan tácticas similares a las de organizaciones guerrilleras del pasado, como el Ejército Guerrillero Túpac Katari liderado por el fallecido Felipe Quispe.

Ibañez explicó que las movilizaciones recurren al bloqueo de rutas y a la toma de puntos estratégicos como la planta de Senkata para generar presión social y política.

El constitucionalista indicó que estas acciones buscan privar a la población de insumos esenciales para obligar a las ciudades a adherirse a demandas que calificó de “inconstitucionales e ilícitas”.

Asimismo, cuestionó la respuesta del Estado frente a este tipo de conflictos y aseguró que existe una “debilidad institucional” derivada de los hechos de octubre de 2003 y de los conflictos de 2019.

Según explicó, mientras altos mandos militares y policiales fueron condenados por operativos de control del orden público, muchos movilizados implicados en hechos violentos quedaron libres e incluso llegaron a ocupar cargos políticos.

“Eso ha destruido la capacidad del Estado de ejercer las facultades que le otorga la Constitución a través de la Policía y las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El experto también sostuvo que, ante grupos armados o violentos, el Estado debería activar mecanismos constitucionales como el estado de excepción; sin embargo, aseguró que existen limitaciones legales que dificultan su aplicación.

Limitaciones para declarar estado de excepción

En ese sentido, cuestionó la Ley 1341, aprobada en 2020, al considerar que restringe atribuciones del presidente para actuar durante un estado de sitio y condiciona su aplicación a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“La Constitución dice una cosa, pero la ley dice otra”, señaló, advirtiendo contradicciones que, a su juicio, reducen la capacidad de reacción del Ejecutivo ante conflictos de alta tensión.

Las declaraciones surgen en medio del clima de conflictividad que atraviesa el país por protestas, bloqueos y enfrentamientos registrados en distintas regiones. En los últimos días, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, denunció públicamente la presencia de grupos armados vinculados a los llamados “Ponchos Rojos” y mostró videos donde supuestos integrantes aparecen exhibiendo armas en carreteras del altiplano.