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La acción penal también alcanza a Feliciano Vegamonte, Vicente Salazar y otras personas. Los denunciados son señalados por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad del transporte.
21/07/2026 15:35
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La Fiscalía Departamental de La Paz admitió una nueva denuncia contra dirigentes sindicales, campesinos y políticos por su presunta participación en los bloqueos que se prolongaron durante 53 días y afectaron diferentes actividades en el departamento.
Entre los denunciados se encuentran Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana; el senador Nilton Condori; el dirigente evista Feliciano Vegamonte y el exejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, además de otras personas mencionadas en la acción penal.
La denuncia fue promovida por el diputado Edgar Zegarra y quedó asignada a un investigador, quien deberá comenzar las diligencias y notificaciones correspondientes.
Investigador fue asignado al caso
El abogado William Sánchez confirmó que el Ministerio Público admitió la denuncia y realizó el sorteo para designar al funcionario responsable de las pesquisas.
“La denuncia ha sido admitida, ya fue sorteada con un investigador y ahora se está procediendo con las notificaciones”, manifestó.
A partir de esta etapa, la Fiscalía podrá convocar a declarar a los denunciados, solicitar informes, revisar discursos y convocatorias públicas, además de recopilar otros elementos relacionados con los puntos de bloqueo.
La admisión de la denuncia no significa que los señalados hayan sido declarados culpables ni que los delitos estén comprobados. Las responsabilidades deberán establecerse durante la investigación y, eventualmente, ante una autoridad judicial.
Tres presuntos delitos bajo investigación
De acuerdo con la denuncia, Argollo, Condori y los demás señalados son investigados por los presuntos delitos de:
La parte denunciante sostiene que las movilizaciones perjudicaron la circulación de personas y productos, limitaron las actividades comerciales y profundizaron las dificultades económicas en La Paz.
La Fiscalía deberá determinar si las acciones atribuidas individualmente a cada denunciado se adecuan a los tipos penales mencionados. La participación en una protesta o la pertenencia a una organización no prueban, por sí solas, la comisión de un delito.
Buscan evitar nuevos bloqueos prolongados
Sánchez señaló que el objetivo de la acción penal es establecer responsabilidades por los daños denunciados y evitar que la población vuelva a enfrentar una paralización de similares características.
“No podemos permitir que la población vuelva a ser perjudicada de esta manera, especialmente en un contexto de crisis económica”, sostuvo el abogado.
La investigación deberá precisar quiénes convocaron a las medidas, qué participación tuvo cada persona y si durante las protestas se produjeron acciones que pusieran en riesgo a la población o al transporte.
Mario Argollo había defendido anteriormente las movilizaciones de la COB y sostuvo que estas fueron vinculadas políticamente con sectores afines al expresidente Evo Morales. El dirigente fue elegido secretario ejecutivo de la organización para el periodo 2025-2027.
El Comité pro Santa Cruz también presentó una acción
Esta no es la única denuncia relacionada con los bloqueos. El Comité pro Santa Cruz impulsó otra acción legal contra dirigentes a quienes atribuye responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante el conflicto.
Las investigaciones deberán establecer si ambas denuncias se tramitarán por separado, si existen hechos coincidentes o si corresponde acumular elementos dentro de una sola causa.
Por ahora, los denunciados deberán ser notificados y tendrán derecho a presentar sus descargos, responder a las acusaciones y ejercer su defensa.
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