Gobernación denuncia que el tráfico de tierras busca concesiones políticas y pide mayor protección a propietarios

El problema de los avasallamientos de tierras vuelve a instalarse en la agenda pública de la región oriental de Bolivia, particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde autoridades departamentales, instituciones agrarias y representantes del sector productivo buscan articular una respuesta conjunta frente a la ocupación de predios productivos.

En ese contexto, la Gobernación de Santa Cruz y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) han iniciado coordinaciones para convocar a una Comisión Agraria ampliada, con participación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Policía Departamental y el Ministerio Público, con el objetivo de definir una estrategia de intervención y defensa de la propiedad.

Santistevan sostuvo que estos grupos actuarían de manera estructurada y en algunos casos con armas, generando enfrentamientos, bloqueos y la toma de predios productivos y áreas protegidas. También afirmó que estas acciones tendrían impactos directos en la producción agrícola, afectando ciclos de siembra y generando pérdidas económicas.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue el cuestionamiento a la eficacia de los desalojos temporales, al considerar que no resuelven el problema de fondo, ya que los grupos retornarían a los predios una vez que cesa la presencia policial. En ese marco, planteó la necesidad de una mayor articulación institucional y una aplicación más efectiva del marco legal vigente, incluyendo la Ley 477.

Desde el sector productivo, se expresó preocupación por la situación en predios como Santa Rita y Santagro, donde según reportes se habrían producido ocupaciones parciales o totales, generando interrupciones en la producción agrícola y afectaciones a servicios básicos como la energía eléctrica.

Asimismo, sostuvo que detrás de estos hechos existirían estructuras organizadas con fines económicos y políticos, una afirmación que forma parte de las denuncias recogidas en el contexto del conflicto, aunque no ha sido verificada de manera independiente en esta cobertura.

Mientras tanto, el conflicto por la tierra en Santa Cruz continúa siendo uno de los principales focos de tensión en el sector productivo, en un escenario donde convergen demandas de seguridad jurídica, denuncias de avasallamiento y la necesidad de mecanismos más eficaces de resolución de conflictos agrarios.