Gobierno denuncia “terrorismo” en toma de pozo petrolero y cuestiona liberación de detenidos

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, se pronunciaron tras la liberación de 10 personas aprehendidas durante un operativo en el pozo petrolero Humberto Suárez Roca, en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz, y calificaron los hechos como graves atentados contra bienes del Estado.

El ministro Blanco sostuvo que el Gobierno no permitirá afectaciones a la infraestructura estatal ni a los recursos de todos los bolivianos. “No vamos a permitir que hagan cosas con los bienes del Estado, que son de todos los bolivianos”, afirmó.

Según la autoridad, en el operativo fueron detenidas 10 personas, y una de ellas fue encontrada con dinero cuya procedencia no pudo ser justificada. Sin embargo, evitó precisar el monto involucrado.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, cuestionó la tipificación inicial del caso y señaló que la imputación por asociación delictuosa resulta “muy suave” frente a la magnitud de los hechos, asegurando que se trataría de un caso que debería ser considerado como terrorismo.

“Estos delincuentes fueron imputados por asociación delictuosa, lo cual tiene una pena mínima. Este es un hecho de terrorismo”, declaró.

Paredes argumentó que la toma de instalaciones estatales, el daño a infraestructura, el corte de suministros de hidrocarburos y la presunta retención de personas reúnen elementos suficientes para una tipificación más grave.

Asimismo, mencionó otros hechos violentos registrados en el país, como la quema de una vivienda en el Distrito 8 de El Alto y un hecho de sangre en Sorata, como antecedentes que, según dijo, deben ser evaluados dentro del contexto de conflictividad.

El viceministro también informó que el Gobierno solicitó a la Fiscalía una actuación “impecable” y anunció que se presentará una apelación el lunes para modificar la calificación del delito. “Vamos a apelar para que sea modificada la sentencia”, señaló.

Además, indicó que se han presentado querellas por parte de YPFB por daños al Estado y otra de la Policía Boliviana por agresiones a efectivos, incluyendo a un oficial herido en el rostro durante el operativo.

“No vamos a permitir este tipo de actos en el país”, afirmó Paredes, al señalar que se han activado medidas de seguridad y que el caso se encuentra en evaluación debido a la complejidad de la infraestructura afectada.

Antecedentes del caso

Las 10 personas fueron aprehendidas el miércoles durante un operativo en el pozo petrolero Humberto Suárez, donde se registró la toma de instalaciones y el cierre de válvulas del campo gasífero.

La Fiscalía los imputó por asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y daño calificado al Estado. Sin embargo, tras el proceso judicial, los acusados fueron sentenciados a tres años de cárcel, aunque no ingresaron a prisión y quedaron en libertad.

Entre los implicados se encontraba una mujer que portaba Bs 14.000 en efectivo, cuyo origen no pudo justificar. El dinero fue decomisado, junto con un listado de nombres que, según la investigación preliminar, correspondería a personas presuntamente vinculadas a la toma del pozo.

Las autoridades anunciaron que el caso continuará en investigación y que se buscará ampliar la tipificación penal conforme avancen las diligencias.