Gobierno y cívicos acuerdan hacer seguimiento a sanciones contra avasalladores

El Gobierno nacional y el Comité Pro Santa Cruz acordaron este sábado avanzar en una coordinación institucional para hacer seguimiento al progreso de las investigaciones y sanciones contra los avasallamientos registrados en el departamento cruceño.

La determinación fue asumida tras una reunión sostenida entre autoridades nacionales y representantes cívicos, donde uno de los temas centrales fue la defensa del derecho propietario, la seguridad jurídica y la necesidad de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Del encuentro participaron los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, además de autoridades policiales y representantes del Comité Pro Santa Cruz.

Evaluación técnico-jurídica de los casos

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que durante la reunión se realizó una evaluación técnico-jurídica sobre el estado de los casos vinculados a avasallamientos.

“Se ha hecho una evaluación técnico-jurídica de cómo están los casos. Es un tema que se está trabajando. Las medidas de seguridad no se anuncian, pero sí decirles que van a haber resultados en ese sentido”, señaló la autoridad.

Justiniano sostuvo que el país necesita orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, por lo que el Gobierno está ejecutando esfuerzos desde el ámbito de la seguridad para evitar nuevos episodios de conflictividad.

“El país necesita orden, necesita legalidad y respeto a la propiedad también”, afirmó.

“Que no vuelva a pasar”

El ministro de Defensa remarcó que, además del trabajo económico que debe encarar el país, también se requiere una respuesta paralela en materia de seguridad.

Según Justiniano, lo vivido recientemente en Bolivia no debe repetirse y, para ello, los hechos relacionados con bloqueos, violencia y avasallamientos deben ser investigados y sancionados conforme a ley.

“Hay un trabajo que se va a hacer en economía, pero un trabajo también paralelo que tenemos que hacer en el tema de seguridad para que lo que se vivió en Bolivia recientemente no vuelva a pasar. Para eso es importante que estos hechos no queden en la impunidad”, indicó.

Oviedo habla de un problema sistemático

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que el problema de los avasallamientos en Santa Cruz va más allá de un solo predio.

La autoridad indicó que el comandante departamental de la Policía presentó una exposición sobre la situación y que el análisis permitió identificar un problema de fondo.

“Más allá de este predio de Santa Rita, el problema es más de fondo. Es de carácter más profundo porque es un problema consecuente, sistemático, que se va desarrollando acá en el departamento de Santa Cruz”, afirmó Oviedo.

El ministro sostuvo que, según la evaluación realizada, existirían grupos organizados que afectan el derecho propietario de sectores productivos del departamento.

“Clanes organizados de avasalladores”

Oviedo afirmó que detrás de estos hechos operarían “clanes organizados de avasalladores” y vinculó a estos grupos con conflictos registrados en San Julián y Cuatro Cañadas.

“Son exactamente las mismas personas que han bloqueado en San Julián, en Cuatro Cañadas. Son clanes organizados de avasalladores que van afectando el derecho propietario de sectores productivos del departamento de Santa Cruz”, señaló.

La autoridad indicó que esta situación motivó un análisis con el presidente y vicepresidente del Comité Cívico para organizar un nivel de coordinación entre el Poder Ejecutivo, las autoridades cívicas regionales, las Fuerzas Armadas y la Policía.

Seguimiento a investigaciones y sanciones

De acuerdo con lo expuesto por Oviedo, el objetivo de esta coordinación será controlar el avance de las investigaciones y sanciones relacionadas con este tipo de delitos.

La intención es que los casos no se diluyan, que las investigaciones avancen y que las responsabilidades sean establecidas por las instancias correspondientes.

El Gobierno y los cívicos coincidieron en que la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la protección del sector productivo son temas centrales para Santa Cruz.

Con este acuerdo, se abre una nueva etapa de coordinación entre el Ejecutivo, la Policía, las Fuerzas Armadas y la dirigencia cívica cruceña para dar seguimiento a los procesos vinculados a avasallamientos y evitar que estos hechos queden sin sanción.