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Autoridades y representantes del Comité Multisectorial piden que se respete el debido proceso, mientras exigen sanciones por los más de 53 días de bloqueos que afectaron al país.
05/07/2026 21:37
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La imputación formal contra el dirigente de la Federación Departamental Túpac Katari, Vicente Salazar, generó diversas reacciones de autoridades nacionales, municipales y representantes del Comité Multisectorial, luego de que el Ministerio Público anunciara que solicitará seis meses de detención preventiva por cinco delitos vinculados a los bloqueos registrados durante 53 días.
Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que la investigación se desarrolla respetando el debido proceso y remarcó que, si bien el derecho a la protesta está garantizado, los bloqueos que afectaron al país generaron graves consecuencias para la población.
"Es importante hacer notar a la población que se está cumpliendo el debido proceso. En Bolivia está permitido protestar, pero realmente lo que no está permitido es bloquear. Hemos estado más de 50 días en emergencia, con ambulancias, alimentos y combustibles que no podían llegar", afirmó.
Dockweiler pide cumplimmiento de la CPE
Por su parte, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló que corresponde esperar la determinación de la justicia y garantizó que el proceso debe desarrollarse dentro del marco constitucional.
"Todo proceso debe llevarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado. Tiene que haber debido proceso, presunción de inocencia y no convertirse en una persecución política", manifestó.
Responsables de bloqueos deben enfrentar a la justicia
Desde el Comité Multisectorial también se pronunciaron sobre el caso y pidieron que todos los responsables de los bloqueos respondan ante la justicia, tanto quienes ejecutaron las medidas de presión como quienes las promovieron.
Vicente Salazar fue imputado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Su audiencia de medidas cautelares está prevista para este lunes, cuando un juez definirá si enfrenta el proceso en libertad o con detención preventiva.
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