¿Injerencia? Denuncian que Evo usa vehículos y aviones de Venezuela en medio de conflictos

Esta semana, parlamentarios denunciaron que el expresidente y líder cocalero Evo Morales utiliza vehículos y aviones de Venezuela para movilizarse durante los conflictos en Bolivia. Al respecto, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Tahuichi Tahuichi alertó que puede haber sanciones al partido político, en este caso, el Movimiento Al Socialismo (MAS) por recibir apoyo externo.

En su denuncia por un supuesto atentado en su contra el pasado domingo, cuando aseguró que recibió disparos e intentaron matarlo, Morales mostró los vehículos en los que estaba ese día. Entonces, a partir de la placa de uno de los vehículos, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Jairo Guiteras, afirmó que la vagoneta Land Cuiser con placa 3009 DFI está a nombre de Miguel Ángel Lozano, gerente de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) en Bolivia,  mostrando una copia del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT).

Asimismo, recordó que, anteriormente, el exministro de Justicia, Iván Lima, reveló que la vagoneta “de lujo” 4Runner, modelo Toyota 2024, usada por Evo en la denominada "Marcha por la Vida", que se realizó del 17 al 23 de septiembre, de Caracollo a La Paz, valuada en $us 90.000, estaba a nombre de T. J. N. Y., de 21 años, quien la compró a $us 15.000 a PDVSA.

"¡Exijo al Ministerio Público y Ministerio de Gobierno investigar a este ciudadano venezolano y cuál es su relación con Evo y los bloqueos! Es inadmisible que extranjeros vengan a desestabilizar nuestro país", afirmó Guiteras en su denuncia, publicada este lunes.

En Que No Me Pierda, el diputado señaló que solicitará la alerta migratoria, para que el propietario del vehículo, de nacionalidad venezolana, no pueda salir del país evadiendo sus presuntas responsabilidades.

Tras estos cuestionamientos, Morales confirmó que los vehículos que usó el domingo son de Venezuela y que el presidente Luis Arce tiene conocimiento de este hecho.

"Son carros prestados. En una reunión del exterior, estaba Lucho (Luis Arce), algunos compañeros de Venezuela y Cuba. Con conocimiento de Lucho, me prestan las dos movilidades Venezuela por temas de seguridad. Él sabe muy bien, es de su conocimiento. Que no quieran tergiversar, yo no tengo plata para tener carros como ese. Él propietario puede prestar, regalar. Saludo la solidaridad de Venezuela", afirmó en una entrevista en el medio 'evista' Radio Kawsachun Coca.

Entonces, Oscar Balderas, también diputado de CC, presentó este miércoles una denuncia contra Morales por vulnerar la Ley de Organizaciones Políticas al recibir vehículos del Gobierno de Venezuela, por lo que solicitó se lo sancione con la suspensión de actividades políticas por cincos años.

“En aplicación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas y los artículos 71 y 72 hemos hecho la denuncia correspondiente al Tribunal Supremo Electoral, en el entendido de que está prohibido cualquier apoyo, aporte y gestión de parte de institución pública o privada hacia alguna organización política nacional”, explicó el legislador a radio Erbol.

En su denuncia, Balderas solicitó al TSE que, de oficio, "inicie las investigaciones a objeto de sancionar, ya que Evo Morales es uno de los dirigentes máximos del Movimiento Al Socialismo y corresponde la sanción que en este caso se establece en los artículos 101 y 102, que es la suspensión de actividades políticas por cinco años para el dirigente, que en este caso sería Evo Morales, esto concretamente lo inhabilitaría para cualquier cargo electivo”.

A su vez, la senadora de CC, Andrea Barrientos, demandó a Morales explicar por qué emplea vehículos extranjeros y solicitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que responda “¿por qué hay vehículo a disposición de ciudadanos bolivianos que, además, empiezan a balear a la Policía Boliviana desde esos vehículos?”.

Por otro lado, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, afirmó que Morales usa aviones venezolanos en territorio boliviano, por lo que pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que revise esta situación y aplicar la sanción que establece la norma electoral. Detalló que a inicios de octubre solicitó al ministro de Obras Públicas un informe al respecto.

La oposición calificó la situación como una “injerencia” y ha solicitado claridad sobre las condiciones de este apoyo venezolano.

Advierten sanciones

Al respecto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, confirmó que hay severas sanciones para los partidos políticos que reciban financiamiento económico o material de fuentes externas. Apuntó que la Ley 1096 de Organizaciones Políticas prohíbe el financiamiento externo a cualquier partido político.

"Si fuera comprobada la denuncia de que un partido político haya recibido financiamiento externo, la sanción es la cancelación de su personería jurídica. No sólo de un financiamiento externo, sino también de una entidad pública. Según el artículo 71, ningún partido político debe cruzar esa línea roja”, enfatizó Tahuichi.

Según el vocal, el Ministerio Público debe abrir una investigación sobre la denuncia y después el TSE iniciará un proceso contra Morales. Dijo que la norma establece que la sanción por vulnerar las restricciones de financiamiento es la cancelación de la personalidad jurídica.

La Ley de Organizaciones Políticas establece que “las contribuciones y donaciones económicas a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas, deberán realizarse únicamente a la cuenta bancaria habilitada. Las contribuciones, donaciones y subvenciones en especie a los partidos políticos (…), deberán ser registrados detalladamente por las instancias correspondientes dispuestas para tal efecto en su normativa”.

El artículo 71 de la Ley 1096 refiere: Las “organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada” de “cualquier entidad pública o privada extranjera”.

El artículo 100 de dicha ley señala que las sanciones por infracciones graves serán: “En el caso de dirigentes, suspensión del mandato y la militancia de 13 meses a 2 años. En el caso de militantes, suspensión de la militancia de 13 meses a 2 años. Tanto para dirigentes como militantes, prohibición de participar en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones de acuerdo con su estatuto orgánico, por un periodo de 2 años”.