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El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, afirmó que le sorprende la decisión de una sala del Órgano Judicial de otorgar detención domiciliaria a una persona procesada por un delito de lesa humanidad.
24/07/2026 11:58
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El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, anunció que la institución solicitará un informe al encargado distrital e intervendrá la sala del Órgano Judicial que otorgó detención domiciliaria a una autoridad jurisdiccional procesada por un delito de lesa humanidad, al considerar que la decisión genera preocupación y debe ser revisada.
La autoridad expresó su sorpresa por la resolución emitida por la sala penal y sostuvo que este tipo de medidas cautelares no deberían concederse en procesos de esta naturaleza, ya que, a su criterio, deben garantizar el adecuado desarrollo de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
“Vamos a pedir primero un informe al encargado distrital para ver el proceso y vamos a intervenir esta sala para conocer por qué se tomó esta medida a una autoridad jurisdiccional procesada por un delito de lesa humanidad”, afirmó Spencer.
El presidente del Consejo de la Magistratura señaló que la institución realiza un seguimiento permanente a denuncias de presuntas irregularidades en la administración de justicia y que efectuará un levantamiento técnico del caso para determinar si existieron actuaciones contrarias a la normativa.
Asimismo, advirtió que, si se establecen responsabilidades disciplinarias, no dudará en impulsar la destitución de la autoridad judicial involucrada. Sin embargo, explicó que los procesos por faltas gravísimas son largos y contenciosos, lo que dificulta una sanción inmediata.
En ese contexto, Spencer exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Cámara correspondiente y al presidente de la Comisión de Justicia a acelerar el tratamiento del proyecto de ley presentado por el Consejo de la Magistratura, el cual busca reducir los plazos de los procesos disciplinarios para permitir la destitución expedita de jueces y autoridades judiciales que incurran en faltas gravísimas.
Finalmente, reiteró que el Consejo analizará la magnitud del caso para definir el alcance de la intervención y no descartó revisar otras resoluciones emitidas por juzgados y salas que otorguen medidas cautelares similares a autoridades procesadas por delitos de lesa humanidad.
“Vamos a analizar el caso y, de acuerdo con su magnitud, podremos intervenir los juzgados y las salas que determinen este tipo de decisiones. Vamos a entrar a ver el porqué de estas resoluciones”, concluyó Spencer.
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