La presidenta del Concejo, junto al alcalde Mamen Saavedra, oficializó la denuncia penal por un presunto daño de 2,8 millones de bolivianos en la compra de cuatro hospitales móviles.
15/06/2026 11:09
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La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, oficializó este lunes la denuncia penal contra dos exfuncionarios de la Alcaldía por presuntas irregularidades en la compra de cuatro hospitales móviles durante la anterior gestión municipal.
La denuncia, que contempla los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, debido a un supuesto sobreprecio que ascendería a 2,8 millones de bolivianos, es contra del exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria de Salud Adriana Amelunge. Asimismo, en el memorial pidió a la Fiscalía Departamental que solicite la alerta migratoria para ambos querellados.
Según Nayar, cada uno de los hospitales móviles habría sido adquirido con un sobreprecio aproximado de Bs 700.000, situación que, además del presunto daño económico, habría afectado la atención en salud de la población.
“Cada hospital móvil tiene un sobreprecio de 700.000 bolivianos. Hoy dos de los cuatro hospitales están sin funcionar desde diciembre del año pasado, no encienden, incluso uno de ellos se ha llevado hasta las llaves. Otras dos están en funcionamiento; sin embargo, vemos que han jugado con la salud del pueblo”, manifestó la concejal.
La autoridad sostuvo que el objetivo del proceso es establecer responsabilidades y lograr la recuperación de los recursos que presuntamente fueron afectados.
“Quien haya realizado hechos delictivos no puede quedar impune. Vamos a llevar adelante todas las acciones para sancionar con el peso de la ley y que se devuelva hasta el último centavo”, afirmó.
Nayar indicó que la denuncia fue presentada de manera conjunta con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, y el subdirector de Hospitales del Gobierno Autónomo Municipal.
La concejal espera que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para determinar si existieron irregularidades en la adquisición de los hospitales móviles y establecer las responsabilidades de los involucrados.
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