Parlamentarios exigen al Gobierno aplicar la Constitución ante escalada del conflicto en La Paz

La resolución emitida por la Central Obrera Boliviana (COB), que ratifica el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz y plantea nuevas elecciones en un plazo de 90 días, generó una reacción de parlamentarios, quienes consideran que el documento confirma una postura política orientada a desestabilizar el orden democrático.

Demandas políticas

Durante un análisis sobre la coyuntura nacional, los diputados por Súmate, Claudia Mallón, y por el PDC, Ricardo Rada, afirmaron que el pronunciamiento carece de un pliego petitorio concreto y se limita a exigir la salida del mandatario, en medio de un contexto marcado por el desabastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno.

Desde distintas bancadas, se pidió al Ejecutivo asumir decisiones inmediatas para enfrentar la crisis social y económica que golpea principalmente a La Paz y El Alto, donde ya se registran severas afectaciones al sistema de salud y al abastecimiento.

Medidas constitucionales

Algunos legisladores plantearon la aplicación de mecanismos constitucionales, incluso un eventual estado de excepción regionalizado, argumentando que la situación ha superado la etapa del diálogo debido a la radicalización de las medidas de presión.

También señalaron que corresponde al Ministerio Público actuar frente a quienes promuevan acciones consideradas sediciosas, mientras que desde la Asamblea Legislativa se anunció que el tema será abordado en sesión para evaluar medidas institucionales.

Pese a ello, se recordó el pronunciamiento reciente de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que insisten en mantener abiertos los espacios de diálogo como vía para resolver el conflicto sin recurrir a mayores confrontaciones.