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¿Un ataque para intimidarlo? Lo que se plantea sobre el caso Zeballos

Jorge Santistevan considera que el ataque contra el exfiscal en el penal de El Abra podría estar relacionado con estructuras criminales vinculadas al caso Roma y busca enviar una advertencia a otros detenidos.

Exfiscal Alberto Zeballos y a lado el secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan. Foto: Red Uno.
La Paz

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El ataque armado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, al interior del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, podría haber tenido como objetivo enviar un mensaje de intimidación y no necesariamente acabar con su vida. Esa es una de las hipótesis planteadas por el experto en seguridad Jorge Santistevan, quien llamó la atención sobre el hecho de que se realizaron diez disparos contra la celda de la exautoridad y ninguno lo alcanzó.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz sostuvo que las circunstancias del ataque deben ser analizadas en detalle por los investigadores, tomando en cuenta la distancia desde la que se disparó, el lugar donde se encontraba Zeballos y la trayectoria de los proyectiles.

"Con 10 disparos de asesinos que forman parte de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, 10 disparos es demasiado para que no le llegue, no le alcance ni uno", manifestó.

Para Santistevan, este elemento abre interrogantes sobre la verdadera intención de quienes perpetraron el ataque. Consideró que pudo tratarse de una acción destinada a asustar al exfiscal y advertirle sobre lo que podría ocurrirle si continúa relacionado con determinados procesos o investigaciones.

"Entonces, por aquí viene ya también un mensaje. ¿Un mensaje de que eso le puede pasar, no solamente un atentado para asustar y prevenir?", señaló.

Una advertencia vinculada al caso Roma

El especialista relacionó este posible mensaje con las investigaciones del denominado caso Roma y con otros privados de libertad que estarían vinculados a estructuras criminales. En su criterio, el ataque podría tener repercusiones más allá de la situación particular de Zeballos, debido a la información que podrían aportar las personas involucradas en estos procesos.

Santistevan sostuvo que los investigadores deben establecer si existió una orden directa para asesinar al exfiscal o si la intención era intimidarlo. También consideró que quienes realizaron los disparos conocían los riesgos de cometer un hecho de estas características dentro de un recinto penitenciario.

"Entonces mire usted la peligrosidad del mandato que le han dado a esos individuos para que disparen", expresó.

En ese contexto, señaló que la información que puedan proporcionar los detenidos y otras personas relacionadas con el caso será importante para esclarecer el trasfondo del ataque.

No descarta que se investigue un posible autoatentado

Durante la entrevista también se planteó la hipótesis de que el ataque pudiera tratarse de un autoatentado para generar presión y conseguir el traslado de Zeballos a otro recinto penitenciario, como Palmasola.

Al respecto, Santistevan indicó que esa posibilidad debe ser considerada dentro de las investigaciones, aunque expresó sus dudas sobre la viabilidad de una acción de esa naturaleza.

"Si yo no tengo parte, no tengo vínculo de algo e intento hacer un amague, una escena de autoatentado, eso tiene patas cortas", afirmó.

Añadió que una maniobra de este tipo podría generar resultados temporales, pero eventualmente sería descubierta si se profundizan las pesquisas. También planteó que las estructuras criminales pueden intentar controlar situaciones que representen un riesgo para sus intereses.

Cuestiona las condiciones de seguridad en las cárceles

Más allá del ataque contra el exfiscal, Santistevan cuestionó las fallas estructurales del sistema penitenciario que permiten el ingreso de armas de fuego y otros objetos prohibidos a los centros carcelarios.

Afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran bajo su custodia.

"Esta situación denota la vulneración del deber de garante que tiene el Estado, porque no solamente tiene el deber de proteger y de no dar malos tratos a los privados de libertad, sino proteger su vida", sostuvo.

El experto apuntó a Régimen Penitenciario y al personal encargado de la seguridad de los recintos como parte de los mecanismos que deben ser revisados. Explicó que el ingreso de objetos a las cárceles puede implicar pagos irregulares y cuestionó que, pese a los controles y las requisas, un arma de fuego haya llegado hasta el interior de una celda.

También advirtió sobre el hacinamiento y la convivencia de personas detenidas preventivamente con otras sentenciadas por delitos de alta peligrosidad. Como ejemplo, mencionó que el penal de Palmasola tendría alrededor de 9.000 privados de libertad, pese a que su capacidad sería de aproximadamente 2.500.

Santistevan insistió en que el esclarecimiento del ataque dependerá de las investigaciones sobre los reclusos identificados como presuntos involucrados y de la información que se obtenga sobre sus posibles conexiones con estructuras criminales.

Mientras tanto, Zeballos permanece aislado y fuera de peligro en el penal de El Abra, luego de sobrevivir al ataque armado registrado en su celda.


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